Oaxaca.-El sistema penitenciario en México y en Oaxaca enfrenta retos estructurales, como el uso desmedido de la prisión preventiva que genera sobrepoblación, hacinamiento y a su vez, la existencia de autogobiernos, advirtió el ombudsperson oaxaqueño, Bernardo Rodríguez Alamilla.

En el marco de la firma de convenio entre la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), el titular de la DDHPO, afirmó que ante estas problemáticas es indispensable estrechar vínculos con la sociedad civil.

Acompañado por el director general de ASILEGAL, José Luis Gutiérrez Guzmán y el coordinador del área Jurídica de la misma organización, Cristopher Alexis Sánchez Islas indicó que resulta impostergable repensar el sistema penitenciario y presentar alternativas que permitan contribuir en la generación de modelos de atención humanizados y con un enfoque de derechos humanos.

En presencia del defensor Especializado en Centros de Reclusión de la DDHPO, Pedro Sandoval Martínez  y de la secretaria Ejecutiva de este organismo autónomo, Amalia Rueda Alonso; Rodríguez Alamilla refirió que, de acuerdo con datos de Asistencia Legal por los Derecho Humanos, el 40% de las personas privadas de su libertad en el país no tienen sentencia.

Resaltó que para evitar la sobrepoblación se tienen que establecer patrones de prevención y tener políticas públicas que permitan garantizar una justicia pronta y expedita, además de atender que, en el 80 por ciento de los casos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, esto se debe a delitos patrimoniales.

Ante ello, consideró prioritario la creación de procesos sólidos de reinserción, y alternativas de solución distintas para que el uso de la prisión sea una excepción y no una regla dentro del sistema de justicia.

Por su parte, el director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, José Luis Gutiérrez Guzmán explicó que el sistema penitenciario enfrenta diversos problemas como la ausencia de políticas públicas que reconozcan y atiendan desde un enfoque interseccional a las personas privadas de la libertad.

Y ejemplificó: en el caso de mujeres indígenas en Oaxaca en situación de reclusión, el 93 por ciento está en prisión preventiva, y carecen de programas con perspectiva de género que atiendan circunstancias como menstruación digna.

José Luis Guzmán dijo que otro sectores que está invisibilizado dentro del sistema penitenciario es la población indígena, ya que ni siquiera se tiene certeza del número de personas indígenas que se encuentran privadas de su libertad, además de que tampoco se tienen datos de sobre la comunidad de la diversidad sexual y sus condiciones dentro de los centros de reinserción.

Por ello, el convenio ayudará a que, quienes trabajan y atienden las violaciones a derechos humanos de las personas privadas de la libertad cuenten con más herramientas que les permitan atender desde un enfoque interseccional, mejorar las necesidades de atención y apoyo a la población que se encuentra privada de su libertad.

Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos junto con Asistencia Legal firmaron el convenio con el objetivo de promover mecanismo de protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por ello al finalizar la ceremonia inició un proceso formativo con personal de la DDHPO.