La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo las órdenes de aprehensión y fichas rojas internacionales en contra de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, así como de sus presuntos socios.
A cada uno de ellos los persiguen por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; entre las tareas que hacían destacan métodos como simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando así el rastreo de los recursos.
Además, las autoridades confirmaron que hasta el momento, hay un total de tres detenidos por estas acciones, quienes figuraban en el esquema que presuntamente lideraba el esposo de la actriz.
Las tres personas ligadas en el caso que fueron arrestadas, de acuerdo con el periodista Abel Barajas del diario Reforma, fueron Yareli “C”, José “O” y Ricardo “C”, quienes se encuentran recluidos en centros federales de justicia penal.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, había una organización principal en la que Víctor Manuel e Inés Gómez Mont operaban con supuestos representantes de personas morales; pero no estaban solos.
En un segundo piso, o segundo grupo, estaban presuntamente las tres personas que fueron arrestadas por las autoridades, quienes dedicaban su tiempo a realizar operaciones bancarias a nombre de personas morales. En otras palabras, serían los llamados “Factureros”.
Con ellos trabajaban una cuarta y quinta personas que hasta el momento continúan prófugas junto a los demás imputados, mismos que responderían al nombre de Héctor “Z” y de Armando ”R”.
En los últimos años, las llamadas “factureras” han despertado la atención del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras.
El Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación los define como aquellos contribuyentes dedicados a emitir comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
También caen en este adjetivo aquellas empresas, personas o contribuyentes que sean considerados como “no localizados”; en otras palabras, las llamadas “empresas fantasma”.
Cuando esto es detectado en el listado de contribuyentes, advierten las autoridades, “se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.
A través de la página oficial en la Secretaría de Hacienda se pueden consultar los archivos con listados de contribuyentes definitivos, desvirtuados, presuntos, así como sentencias favorables.
Es en dichas “listas negras” donde se puede ubicar a las empresas presuntamente relacionadas con el esquema fraudulento de Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, en este caso, etiquetadas como “definitivas”.
Por otra parte, el Código Fiscal de la Federación indica que en el supuesto de detectarse una irregularidad como las antes descritas, se notificará a los contribuyentes en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El objetivo del despliegue de avisos es “que los contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos”.
“Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado”.
La Fiscalía General de la República informó el 20 de enero de 2022 que a los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes.
Esas personas serían Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R”. Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P”, Héctor “Z” y Jorge “N”.
En el caso de la actriz y su esposo, entre otros que probablemente habrían huido del país, se obtuvo la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
Con información de infobae.com