Oaxaca.-La defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, interpuso una nueva moción en la que pide al juez Brian Cogan, desestimar el dictamen y ordenar su liberación, que ordene un nuevo juicio o en su defecto que programe una audiencia probatoria, como parte de una búsqueda de recurso legales que mantengan “vivo” su caso.

Para este nuevo intento, Guzmán Loera y su abogada, Mariel Colón, criticaron al equipo legal que defendió al narcotraficante y acusaron que “se le negó el derecho a la asistencia efectiva de un abogado”, pues los que contrató no le dieron una asistencia eficaz “al no solicitar una inspección en cámara de los documentos relacionados (con su extradición), no objetar varias mociones ex parte “presentadas por el gobierno con respecto al material protegido por CIPA”, o incluso “para explorar la posibilidad de un potencial acuerdo de culpabilidad”.

Intentaron matar al ‘Chapo’, ficharon al ‘Pozolero’ y ahora andan libres en EU En el caso de las fallas en el debido proceso en cuanto a la extradición, El Chapo argumentó que “impugnó la determinación del tribunal de distrito” donde lo señalaron “carente de legitimación para impugnar”, siendo que esta solicitud había “sido contaminada por fraude por parte de las autoridades estadounidenses”. 

Asimismo, en el documento se aseguró que una regla incorrecta “posterior a la extradición” permitió “el enjuiciamiento en Brooklyn en lugar de Texas o California”. Recordó que a pesar de que tribunal prohibía a la defensa inspeccionar los documentos presentados a México, “el abogado no exigió una inspección a puerta cerrada de esos documentos”, lo que impidió al Chapo apelar en su momento y “hacer un registro adecuado en apoyo de su impugnación de renuncia de especialidad”.

 En cuanto a los puntos restantes, Guzmán Lorea señaló que su defensa —conformada inicialmente por Eduardo Balarezo y William Purpura, a quienes se unió después Jeffrey Litchman— “no objetó oportunamente las mociones ex parte del gobierno con respecto al material protegido bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada”, lo cual le impidió presentar un desafío relacionado en la apelación