Oaxaca.-En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la  Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) afirmó que se requiere adoptar un enfoque integral, que permita combatir las condiciones estructurales y sistémicas que impiden el acceso a la justicia y verdad en los casos de desaparición forzada.

La DDHPO informó que durante el 2021 y lo que va del 2022 tiene documentados 6 expedientes relacionados con desapariciones forzadas, siendo las autoridades más señaladas, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda

Las estadísticas, indicó el organismo defensor, son solo una muestra de la magnitud del problema en Oaxaca, ya que el informe del Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, tiene contabilizadas alrededor de 507 desapariciones forzadas en el país.

El documento antes citado, mostró que además de la delincuencia, la desaparición forzada se presenta porque las personas servidoras públicas por omisión, participación o aquiescencia, facilitan este delito de lesa humanidad.

El organismo defensor reconoció que las desapariciones forzadas en Oaxaca y en México son un desafío para el Estado, pues la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, la identificación de personas fallecidas y la atención de las víctimas requieren una atención integral a las causas multifactoriales de esta problemática, aunado al fenómeno de desaparición que enfrenta el país.

Por ello, la Defensoría indicó que las autoridades municipales, estatales y federales en los casos de desaparición forzada en sus actuaciones, deben considerar aspectos contextuales de las víctimas como su condición de género, origen étnico, si se encuentran en situación de movilidad humana, discapacidad o su condición de edad, pues son factores necesarios que ayudarán a realizar una búsqueda más eficaz.

Asimismo, la institución autónoma llamó a fortalecer el Sistema de Protección de Víctimas, especialmente en el rubro que garantice y respete la labor de familiares, organizaciones, colectivas, colectivos de familiares de personas desaparecidas y personas defensoras de derechos humanos en la búsqueda de víctimas.

La Defensoría de los Derechos Humanos expuso que se requieren que se establezcan mecanismos ágiles, interoperables, eficaces y transparentes para ingresar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como los registros estatales, información detallada, accesible y asequible que permita a las víctimas y sus familias acceder a la verdad y la justicia.

Agregó que garantizar a las víctimas y sus familias el acceso pleno al derecho a la justicia, y a la verdad es urgente para poder hacer frente a la impunidad que tal y como lo señaló en su informe la Organización de las Naciones Unidas, es el patrón crónico y continuo que permite la impunidad en los casos de desaparición forzada.

La Defensoría urgió al Estado mexicano, adoptar las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales como las realizadas por el Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, así como por los organismos públicos defensores de derechos humanos locales.

Añadió que otro aspecto que requiere atención urgente es sensibilizar a la sociedad para que no se estigmatice a las víctimas, ni se revictimice a las familias, por ello, es urgente que se atiendan las insuficiencias institucionales que impiden que las personas afectadas tengan pleno acceso a la verdad y la justicia.