Oaxaca.-La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) rechazó nuevamente la intención de implementar el programa «Mochila Segura» en algunas entidades del país, por carecer de un marco legal que lo sustente y violentar los derechos a la intimidad y la privacidad de los niños.

«El filtro para la violencia no se encuentra en una mochila o en la entrada a la escuela», sino que «la verdadera violencia está en la calle y en otros espacios fuera de la escuela», aseguró la Red en un comunicado, en el que recordó que tan sólo en 2021 se registraron 674 defunciones por homicidio de personas de 0 a 17 años en México, de los cuales 156 eran mujeres y 515 eran hombres y de los que 47.6 por ciento sucedió en la vía pública, 17.1 en una vivienda particulas y 0.3 por ciento en una escuela u oficina.

Añadió que el programa «Mochila Segura», que revisa las pertenencias de los niños y jóvenes como respuesta a los tiroteos en las escuelas, incluso fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por carecer de un marco legal que lo sustente y por violar los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Federal al atentar contra los derechos humanos de las infancias.

La Redim señaló que se debe recordar que cualquier niño que llega a portar y usar un arma fue víctima ya de múltiples violencias y de afectaciones a su salud mental e integridad personal, por lo que el Estado debe establecer una política que no sólo atienda la seguridad de la ciudadanía con un enfoque de derechos humanos, sino que también considere a las infancias e incluya el compromiso de abordar las problemáticas que las afectan.

A continuación el comunicado completo:

Ante las presuntas amenazas de violencia en escuelas y las propuestas en algunas entidades del país de implementar el programa “Mochila Segura”, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reitera su exigencia a las autoridades e instituciones para que se establezca una política de Estado que atienda la seguridad de la ciudadanía con un enfoque de derechos humanos, que tome en cuenta a las infancias y que incluya el compromiso de abordar las problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes, como son los diferentes contextos de violencias y de salud mental que los y las rodean. Esto en el contexto de los últimos acontecimientos ocurridos en escuelas, como el caso de Texas, en Estados Unidos; sobre el que vale la pena recordar que cualquier niño o niña que llega a portar y usar un arma, fue víctima ya de múltiples violencias y de afectaciones a su salud mental e integridad personal.

Rechazamos – una vez más – la intención de poner en marcha el programa “Mochila Segura”, ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A su vez, queremos llamar la atención de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes han permitido e incluso derivado tareas de revisión de mochilas sobre padres, madres y tutores, quienes – por temor a situaciones de violencia – han asumido tareas que corresponden al Estado y cuyo origen no está en las escuelas. El programa “Mochila Segura” no puede convertirse en la respuesta del Estado a los problemas de seguridad y violencia en el territorio.

Hay que recordar que, como lo ha señalado la SCJ, el programa “Mochila Segura” no sólo carece de un marco legal que lo sustente, sino que también viola los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Federal al atentar contra los derechos humanos de las infancias. Esto incluye el derecho a la intimidad y la privacidad, pues presupone que todas las personas jóvenes tienen las disposición de cometer algún delito. Cualquier acercamiento a un programa así, es improcedente e incorrecto.

Recordemos que México vive una crisis de derechos humanos que ha aumentado los contextos de violencia, desapariciones, reclutamiento y proliferación armas en todo el territorio que cada día se cobra la vida de más personas, en especial de niñas, niños y adolescentes. El filtro para la violencia no se encuentra en una mochila o en la entrada a la escuela.

Las cifras muestran que la verdadera violencia está en la calle y en otros espacios fuera de la escuela. En 2021 se registraron 674 defunciones por homicidio de personas de 0 a 17 años en México, de los cuales 156 eran mujeres y 515 eran hombres. Del total de estos homicidios, 0.3% tuvieron lugar en una escuela u oficina pública. En contraste, 47.6% sucedió en la vía pública y 17.1% en vivienda particular (de acuerdo con el registro de Defunciones por homicidio 2021 del INEGI).

Llamamos también a los congresos, federal y locales, y a personas a cargo de las Comisiones de Derechos Humanos en el país, para que actúen en favor de la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes como base para la creación de programas de seguridad escolar y de atención a la violencia armada en México.

Tania Ramírez Hernández

Directora Ejecutiva de la Red por los

Derechos de la Infancia en México (REDIM)