Oaxaca.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó el ataque cometido contra una de las sedes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). 

Y manifestó su solidaridad para con las personas integrantes del Consejo General, así como quienes laboran en el IEEPCO, puesto que resulta preocupante que ante la cercanía del proceso electoral extraordinario que se llevará a cabo en siete municipios y el distrito de Acatlán de Pérez Figueroa, así como el proceso ordinario en el que las y los ciudadanos oaxaqueños elegirán a la persona titular del Poder Ejecutivo, se registre un conato de incendio provocado por personas desconocidas. 

En este contexto, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado investigar los acontecimientos y garantizar el acceso a la justicia, para evitar la impunidad y la repetición de estos actos. 

Asimismo, llamó a todos los niveles de gobierno a garantizar las condiciones adecuadas en el contexto electoral, entre ellas, las de seguridad para evitar que actos de violencia e inseguridad enrarezcan el proceso. 

También, la DDHPO advirtió la existencia de condiciones que pudiesen incrementar los riesgos para el ejercicio de derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que es indispensable establecer acciones preventivas.  

El órgano autónomo afirmó que son fundamentales los espacios para la construcción de paz social, pues un clima de violencia, además de atentar contra personas en particular, afecta el tejido social y limita el debate libre y abierto, necesario en cualquier proceso electoral. 

La Defensoría señaló que el último proceso electoral en México fue uno de los más complejos en la historia del país, ya que, de acuerdo con el “Sexto Informe de Violencia Política en México 2021” de la consultora Etellekt, se documentaron 91 asesinatos de personas políticas y miembros de partidos, entre las cuales 36 se postularon como candidatas y candidatos a algún puesto de elección popular. 

El organismo defensor afirmó que, desde el ámbito local es prioritaria la prevención, es decir, que, desde los propios municipios, se identifiquen los actos que pudieran incrementar la conflictividad social en el estado, ya que son estos espacios en donde se suele formar la cultura democrática en la mente de las personas, y donde estas experimentan diariamente los resultados de sus decisiones políticas.