Oaxaca.-Marco Antonio Montoya Juárez desapareció en Celaya, Guanajuato, el 18 de marzo de 2017. Tuvieron que pasar cuatro años para que su familia pudiera tener un perfil genético que les permitiera buscarlo entre las decenas de miles de cuerpos sin nombre que han pasado por los Servicios Médicos Forenses (Semefos). Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) –a cargo de la investigación– solo ha hecho un cruce de datos genéticos con su propia base, que no cuenta con la información de todos los cadáveres del país.

“Las personas que tenemos lamentablemente un familiar desaparecido y queremos tener respuesta en algún otro estado, tenemos que meter oficios e ir al otro estado a pedir que se haga un cotejo con su base de datos porque no hay un verdadero banco de datos que tenga almacenado todos”, dice Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio.

Aunque desde 2019 la Fiscalía General de la República debió echar a andar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que permitiría cruzar masiva y periódicamente información relevante –como la genética– de las personas desaparecidas y sus familias con la de los cuerpos sin identidad, éste todavía no existe.

Acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh), Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio, promovió un amparo contra la FGR, dirigida por Alejandro Gertz Manero, por no contar con el Banco Nacional. Este 4 de abril, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México deberá realizar una audiencia para emitir su sentencia.

FAMILIAS EN BÚSQUEDA Y CUERPOS ENCONTRADOS

Mientras más de 52 mil cuerpos pasaron por las morgues del país sin nombre, la crisis de desapariciones está por superar las 100 mil personas ausentes. Miles de familias buscan por todas partes a sus seres queridos, incluso en los Semefos.

“Muchas veces nuestros familiares desaparecidos ya tienen meses, incluso años, dentro de un Semefo. Si todo se hiciera como debe de ser, como está estipulado en la ley, eso (la identificación) debería ser en automático”, lamenta Montoya.

Los colectivos de familias en búsqueda lograron incluir la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses –que estaría a cargo de la FGR– en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en noviembre de 2017. La fecha límite para ponerlo en marcha, según la misma Ley, era el 18 de enero de 2018.

El objetivo del Banco Nacional, explica la abogada Melissa Zamora, cocoordinadora del área legal del Centro Prodh, es que la información genética de las familias que buscan a un ser querido desaparecido sea cruzada permanente y periódicamente con la información de las personas que han sido identificadas sin vida y que están bajo resguardo de las fiscalías estatales del país.

La falta de infraestructura para obtener perfiles genéticos y de una base nacional con esta información dio lugar a que fiscalías estatales y autoridades federales recurrieran a una empresa privada, ADN México o Central ADN, para obtener, procesar y –presuntamente– almacenar perfiles genéticos de familias de personas desaparecidas de varios estados del país, al menos entre 2016 y 2018.  Aunque la empresa trató de devolver los datos genéticos en su posesión a autoridades federales, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000391/2019, ésto no ocurrió.

No sólo se trata de la información genética: el BNDF también debe incluir datos sobre el lugar del hallazgo y el destino final de los cuerpos anónimos. Además, la Ley General en Materia de Desapariciones también establece que el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas debe formar parte del Banco Nacional.

JUSTICIA A TROPEZONES

Para el Centro Prodh, explica la abogada Zamora, el Poder Judicial de la Federación puede ser partícipe de juicios en donde se reclaman problemas estructurales, y no sólo caso por caso. Es decir, en el caso de amparo por la falta del BNDF, el juez debería valorar que, en caso de resultar favorable para Olimpia Montoya, los efectos no sólo la beneficiarían a ella, sino a todas las familias que también están buscando a un ser querido desaparecido que podría  estar lamentablemente sin vida y bajo el resguardo de las autoridades.

Desde el 31 de agosto del 2021, Montoya y el Centro Prodh tramitaron una demanda de amparo contra el Fiscal General, la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de desaparición forzada, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Coordinación General de Servicios Periciales, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

En la demanda, el Centro Prodh y Olimpia Montoya argumentaron que la falta del BNDF vulnera su derecho a la verdad y el acceso a la justicia como familia de víctima de desaparición, en particular respecto a la búsqueda e identificación.

En su informe para responder a los reclamos de la víctima, la Fiscalía General señaló que desde 2018 aprobó los Lineamientos Tecnológicos del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. Aunque estas herramientas aún no operan, todas las autoridades señaladas en la demanda negaron que estén violando los derechos de Montoya Juárez. Además, la FGR agregó que la puesta en marcha del Banco Nacional es una responsabilidad compartida con otras instancias pero no dijo con cuáles.

La FGR también envío al juez evidencia de que sí ha cotejado los perfiles genéticos del padre y la madre de Marco Antonio con el sistema CODIS (Sistema de Índices Combinados de ADN, por sus siglas en inglés), a través del cual las fiscalías del país ingresan los perfiles genéticos que obtienen. Sin embargo, al menos cinco estados –incluido Guanajuato– no han enviado esta información a la FGR, de acuerdo con respuestas a peticiones de información realizadas por el Centro Prodh.

En una ampliación del informe requerida por el juez, con fecha del 21 de febrero de este año, la Fiscalía aclaró que la implementación del Banco Nacional es obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y que esta no le ha informado si se cuenta con “una plataforma que especifique el insumo informático correspondiente al Registro en el Banco Nacional de Datos Forenses y Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas”.

Esto causó sorpresa en la abogada Zamora: “La Ley General en materia de desaparición crea a la Comisión Nacional de Búsqueda y le da 54 facultades; no se infiere que esté entre ellas la implementación del Banco Nacional. Al contrario, lo que sí se establece es encargar su implementación a FGR, que además coincide con su propio mandato”.

HERRAMIENTAS FORENSES A PASO LENTO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual 2020, advirtió que existen “nulos o escasos avances” ​​respecto al Banco Nacional y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

También lo reconoce la propia FGR: en respuesta a peticiones de información realizadas por este medio reporta como único avance la aprobación de los lineamientos tecnológicos del Banco Nacional en agosto de 2018.

En otra respuesta, la FGR asegura que no existe el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, herramienta que incluiría información sobre la localización, recuperación, identificación y destino final de los cuerpos desconocidos del país, y que también está a cargo de la FGR.

La institución que dirige Gertz Manero sólo ha avanzado en el desarrollo de una Base Nacional de Información Genética (BaNIG), considerada en la abrogada Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En un oficio entregado vía solicitud de información, la Fiscalía aseguró que cuenta con lineamientos para la instalación y el funcionamiento de esta Base Nacional y reporta que, en junio de 2021, llevó a cabo una capacitación teórico-práctica para usuarios del sistema CODIS, a través del que las fiscalías estatales ingresarán perfiles genéticos al BaNIG.

Sin embargo, los escasos avances de la FGR son criticables: de acuerdo con el informe de la cuenta pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)  estimó que los lineamientos tecnológicos del BNDF no cumplen con la función que establece la propia Ley general en materia de desapariciones y que dejaron fuera el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, y la BaNIG.

Además, el órgano auditor federal urgió a la FGR a acelerar la puesta en marcha de las herramientas forenses, que la institución ministerial tiene previstas para funcionar en 2023, en el caso del BaNIG, y entre el 2025 y el 2026 para los registros de personas fallecidas, de fosas y el Banco Nacional.

Para la abogada Melissa Zamora, en la sentencia próxima a emitirse, el juez debería identificar que su fallo podría beneficiar a muchas familias que están en la misma situación que los Montoya Juárez. Además, debería clarificar “las obligaciones establecidas en la Ley General de Desaparición para que realmente se cumpla con la creación de estas herramientas”.

Olivia Montoya espera que en la resolución, el juez “exija que el Banco Nacional sea real, que tenga toda la información que se requiere de todos los estados”. Montoya dice que el Banco ayudaría a que no existiera “rezago forense”, porque agilizaría la identificación de personas que están siendo buscadas pero que han fallecido y se encuentran bajo el resguardo de las instituciones forenses del país.

“Al ser funcional, el Banco Nacional podrá ayudar a muchas familias a que encuentren la paz”, finaliza Montoya.

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* Efraín Tzuc es reportero en el proyecto A dónde van los desaparecidos y asistente de investigación en Quinto Elemento Lab.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).