Oaxaca.-En el segundo día del cierre de la embotelladora Gugar, la Asamblea Comunitaria de San Bartolo Coyotepec reiteró su intención de mantener por tiempo indefinido el bloqueo a esas instalaciones, “hasta que la empresa se vaya de los terrenos comunales”.
 
Las y los habitantes dijeron que el gobierno del estado ofreció plantear una propuesta de solución, pero señalaron no confiar en una respuesta que estará viciada de origen, por el tráfico de influencias desde las más altas esferas de la administración pública local.
 
“Gugar es la empresa de la familia del secretario de Economía de Murat (Juan Pablo Guzmán Cobián), esos no son empresarios, son traficantes de influencias”, planteó una de las vecinas de la comunidad que resguardan las instalaciones de la planta envasadora.

 
“No son empresarios, son delincuentes que se amparan en el gobierno para robarnos y vender el agua que necesitamos para vivir”, dijo otra vecina.
 
Por ello, exigieron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retire a Gugar la concesión para explotar el agua del subsuelo, que fue otorgada sobre terrenos que no pertenecen a la empresa sino que son de propiedad comunal, y sin haber consultado a las y los legítimos propietarios.
 
Por decisión de la Asamblea Comunitaria, máximo órgano de gobierno en el municipio, la madrugada de este lunes las vecinas y los vecinos instalaron un bloqueo a los accesos a esas instalaciones, en respuesta a la sobreexplotación del subsuelo que ha dejado sin agua al pueblo.
 
Explicaron que las sequías son cada vez peores, a pesar del trabajo de la comunidad por “sembrar” agua al subsuelo mediante acciones como la construcción de represas, pozos de absorción, reforestación y tareas de concientización entre la población.
 
Explicaron que la concesión ampara la extracción de 30 mil 530 metros cúbicos de agua al año, que implica tres millones 53 mil litros, pero consideraron que Gugar extrae incluso más que eso, pues “el agua que antes era casi superficial, ahora se encuentra hasta 12 o 15 metros de profundidad”, y varios pozos se han secado.
 
Además, agregaron, el predio desde donde se extrae el agua es ocupado de manera ilegítima e ilegal por la empresa, que ya perdió ante las autoridades agrarias los litigios iniciados desde 2007, pero utilizó tráfico de influencias para que el juez estableciera una absurda indemnización superior a los mil millones de pesos, a pesar de que quedó demostrado que el terreno es comunal.
 
“¡No le vamos a dar ni un peso!”, gritó hoy un campesino de la tercera edad durante las acciones de hoy.