Las personas defensoras de los derechos humanos que plantean sus preocupaciones sobre los impactos negativos se enfrentan a amenazas y ataques y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial, dijeron los expertos.
"Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente", dijeron las y los expertos. Además, el gobierno ha elevado el proyecto a la categoría de proyecto de seguridad nacional, lo que le permite derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales. "Este cambio de estatus del proyecto dirigido por el Estado no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales".
"Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados. En este contexto, la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita gran preocupación", afirmó Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Pidieron al gobierno que garantice la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental antes de cualquier decisión futura relacionada con el proyecto, como elementos clave para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo.
"Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales", dijeron los expertos.
Las y los expertos también han expresado su preocupación por la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas implicadas en el proyecto, cuyo coste se estima en 20.000 millones de dólares. "Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya".
Las y los expertos instaron a las empresas y a las y los inversores a tomar las medidas adecuadas y a ejercer su influencia para garantizar que los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos se llevan a cabo de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
