Guardianes del río Verde de Oaxaca, triunfan ante tribunales

Oaxaca es un estado ubicado al sureste de México, su extensión territorial de 93,757 km2 lo ubica en el quinto lugar en el país. Su territorio se divide en 8 regiones y 570 municipios, de los cuales 417 se rigen por Sistemas Normativos Internos (SNI). Además, cuenta con una amplia variedad lingüística y cultural, convirtiéndolo en la entidad federativa con el mayor número de hablantes de una lengua indígena en México.

Esta diversidad también es geográfica y biológica, pues en su territorio se albergan bienes naturales que históricamente han sido protegidos por los pueblos originarios que los habitan. Pero en este último tiempo, el extractivismo exacerbado mantiene en resistencia a muchos de los pueblos y comunidades indígenas ante la amenaza de megaproyectos mineros, eólicos, supercarreteras, presas hidroeléctricas, entre otros.

Es en este contexto en el que en 2007 nace el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), integrado por pueblos mestizos, chatinos, mixtecos y afro oaxaqueños. El COPUDEVER defiende la vida y el territorio ante la amenaza de la construcción del proyecto hidroeléctrico “Presa Paso de la Reina”, mismo que amenaza el cauce de uno de los ríos más importantes del estado de Oaxaca: El río Verde.

El río Verde

La Cuenca del río Verde o Atoyac abarca aproximadamente el 20% del territorio oaxaqueño. La mayor parte de las corrientes fluviales de la zona son estacionales, únicamente el río Verde es permanente.

Este río nace de la unión de los ríos Atoyac y Yolotepec, en los Valles Centrales de Oaxaca, y limita al norte con las cuencas de los ríos Papaloapan y Balsas; al sur, con el océano Pacífico y con las cuencas costeras de la región hidrológica 21; al oriente, con la cuenca del río Tehuantepec y con las cuencas de los ríos Ometepec y de La Arena.

El cauce del río varía según la región en donde se encuentre, pero ya sea en la Sierra o en la Costa, la relación que las comunidades tienen con el río ha sido de profundo respeto y amor, “ha sido sagrado”, como afirman sus habitantes pues “el agua es vida y el río es vida”, “el río nos alimenta, nos da calma, riega nuestras cosechas, da de beber a nuestros animales, es todo para nosotros”.

La presa

Uno de los megaproyectos más ambiciosos por parte del gobierno y promovido a través de la Comisión Federal de Electricidad, es el denominado “Aprovechamiento hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina” o “Presa Paso de la Reina”, mismo que había sido proyectado desde la década de los 60’s del siglo pasado, pero dado a conocer en el año 2006 en pleno contexto del conflicto social en Oaxaca.

La construcción estaba prevista con una cortina de 155 metros de altura, abarcando una superficie de 2,468 hectáreas afectando a más de cuarenta comunidades de seis municipios de las regiones de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca, entre ellos: Santiago Jamiltepec, Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

Pero además de poner en riesgo a la cuenca del río Verde y a la vida comunitaria de quienes ahí han habitado, la construcción de la presa también representa una amenaza para el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, una importante reserva natural de la región.

Históricamente, los habitantes de las comunidades aledañas al río saben que desde la década de los sesentas del siglo pasado se habían hecho pruebas en sus territorios para impulsar la construcción de la presa, pero fue hasta 2006 que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hizo pública la información.

En el 2018, el ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN), sin realizar ninguna consulta previa como lo indica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, emitió un decreto de levantamiento de veda para diversas cuencas del país, entre las que se encontraba la Región Hidrológica RH20, a la que pertenece el río Verde.

De acuerdo a la abogada Claudia Gómez Godoy, con este decreto se suspendían las vedas de diversas cuencas hidrológicas y cualquier particular o empresa podría hacer uso de las aguas, pudiendo llegar a despojar a las comunidades del uso de las mismas.

Este decreto ponía en peligro a el 70% de las cuencas que se encontraban desprotegidas ante la explotación y aprovechamiento para cualquier uso, incluyendo el sector industrial y extractivo.

La resistencia

Ante la amenaza de la construcción de la presa y de poner en peligro la vida del río Verde y de quienes ahí habitan, el 9 de junio de 2007, después de diversas reuniones previas de articulación y organización, surge el COPUDEVER, integrado por mujeres y hombres defensores de su tierra y territorio, o como ellos aseguran: “defensores de la vida, porque el río Verde es vida”.

El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la Sierra Sur y Costa oaxaqueña que tiene la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la región frente a los Proyectos Hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos.

De acuerdo a sus integrantes, la organización y unión de los pueblos, además de los aprendizajes que han tenido en esta lucha de 15 años, junto al acompañamiento de organizaciones como EDUCA y el amor por el río y por la vida, han sido las principales fortalezas para mantener la resistencia por la defensa de su territorio.

Violencia contra defensores

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), durante el 2021 Oaxaca ocupó el primer lugar entre los estados con el mayor número de ataques letales contra personas defensoras del medio ambiente registrando un total de ocho.

La comunidad de Paso de la Reyna, la principal afectada ante la construcción de la presa, no ha sido la excepción ante este tipo de agresiones. Durante 2019 fue asesinado Hugo Gómez Cruz, defensor comunitario comprometido con la defensa del río y con la articulación de las comunidades para la defensa de la vida. Asimismo, en 2021 Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz dieron la vida por la defensa del río Verde.

Estos asesinatos fueron efectuados en el tiempo en el que hubo una suspensión de cualquier tipo de concesión del río, esto debido al juicio de amparo promovido por la autoridad agraria del ejido de Paso de la Reyna en 2018, justo después del levantamiento de veda hecho por Enrique Peña Nieto (EPN).

A pesar de la violencia recrudecida en la región las y los integrantes del COPUDEVER afirman que los corazones de estos seis defensores de los bienes comunes, del territorio, de la vida, siguen latiendo en las riberas del río Verde y en la memoria del COPUDEVER.

El amparo y el fallo a favor del río y de la vida

Después de 15 años de lucha y resistencia de parte de los pueblos, comunidades y ejidos que integran al COPUDEVER, el 3 de mayo de 2022 -día de inicio del ciclo agrícola en los pueblos agricultores-, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto de la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el que se deja sin efectos el decreto realizado el 6 de junio de 2018 por Peña Nieto, con el que intentaba quitar la protección de los ríos y cuencas para ponerlo al servicio de particulares o empresas que quisieran hacer uso y explotación de las aguas sin el consentimiento de los pueblos y comunidades originarias que habitan en esos territorios.

De acuerdo a la abogada Claudia Gómez Godoy desde 2018 que se interpuso el amparo hubo una medida de suspensión, lo que evitó que se dieran concesiones en la región -a pesar del decreto de veda publicado-, situación que significó un primer triunfo para el movimiento.

“Un segundo triunfo sería el haber conseguido que para cualquier medida legislativa o administrativa que el Estado quiera tomar, deberá consultar previamente a los pueblos indígenas y respetar el derecho a la libre determinación y el derecho a la autonomía, los sistemas normativos internos de las comunidades, así como las decisiones de las asambleas”, afirmó Claudia Gómez.

Por lo anterior, la abogada considera que es una sentencia histórica dado que establece que los derechos indígenas son derechos reconocidos nacional e internacionalmente y deja precedente para que las autoridades estatales y federales respeten el derecho de los pueblos indígenas ante temas de derechos territoriales, del derecho al agua y los bienes naturales.

Por su parte las y los integrantes del COPUDEVER miran hacia atrás en el camino recorrido y recuerdan cada aprendizaje e intercambio de saberes entre los pueblos que habitan en las riberas del río. También agradecen a las redes de apoyo, las organizaciones, las personas aliadas que han acompañado su caminar en estos 15 años de lucha. Dignifican y recuerdan los nombres de sus vecinos, amigos, hermanos, compañeros de lucha que fueron asesinados por defender la vida; y sonríen al saber que gracias a su lucha el río Verde es libre, así como lo fue para sus abuelos y como lo será para sus nietos.