- Menudo escándalo.
- También existe el Cártel de la Venta de Plazas. ¿Qué hará Oaxaca con tanto cártel?
Oaxaca.-Con el presunto otorgamiento de 2,100 bases durante el sexenio del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, metieron en serios aprietos el presupuesto de Oaxaca, porque, aunque aún está en revisión el piñatazo, se desconoce si están presupuestadas, solo en septiembre dieron 300 nombramientos a hijos de funcionarios, escoltas, amigos y esposas de servidores públicos, la lista es larga.
A pesar de que el gobernador Salomón Jara Cruz ha anunciado que revocará el total de las bases, la realidad es que no es así tan sencillo, tampoco tiene el informe completo pormenorizado de la situación que guardan cada una de éstas, y si algo tienen los priistas es que no son tontos, además se coludieron con los diversos líderes del sindicato de burócratas.
Es increíble que el propio Gobernador y el mismo secretario de administración Nino Morales, no tengan información, no tienen ni la menor idea de la situación que guarda la administración pública y el Mandatario oaxaqueño solo ha dado pantallazos sin abundar en los temas torales como es la corrupción.
Están más enterados las y los periodistas, que los mismos servidores públicos de la #4T, así de sencillo.
Pero vamos a ver cómo es el modus operandi y si el nuevo secretario de administración, Nino Morales realmente podrá operar la revocación de tantas bases, lo único que ha logrado es dar de baja a 400 “aviadores” que estaban incrustados en la nómina, muchos de ellos cobrando bonificaciones hasta de 100 mil pesos mensuales, entre ellos el “yupi” Guillermo del Pozo.
Año con año, el sindicato presenta su pliego petitorio de demandas, la cual revisa la Secretaría de Administración a nombre del Gobierno, para su análisis, una vez alcanzados los acuerdos, el Gobierno del Estado y el Sindicato de los tres poderes firman un Convenio que plasma las prestaciones alcanzadas que se otorgarán a la base trabajadora, el mismo año de su firma.
La cláusula décima séptima del convenio 2022 firmado entre gobierno del estado y sindicato de los tres poderes, a la letra dice:
“El gobierno del estado se compromete a otorgar, 35 (treinta y cinco) nombramientos de base a quienes mediante concurso se hagan acreedores a ello, distribuidos de la siguiente forma:
12 (doce) nombramientos de base del nivel “01a”
12 (doce) nombramientos de base del nivel “05a”
11 (once) nombramientos de base del nivel “08a”
Por convenio se otorgaron 35 plazas de base el 15 de octubre del presente año. Hasta ahí se cumplía con el convenio establecido.
Sin embargo, en contubernio Gobierno-Sindicato, se otorgaron fuera de lo establecido en el convenio y de forma irregular, el 30 de agosto del presente año, más de 300 plazas de base a funcionarios, hijos de funcionarios, esposas de servidores públicos, así como amigos y familiares de los integrantes del Sindicato.
Se despacharon con la cuchara grande. Y es muy sencillo darse de cuentas de quienes se trata, solo basta revisar la última lista de ese 30 de septiembre para que se enteren con nombres y apellidos quienes son y de qué tamaño es el problema que enfrenta, ahora, la #4T.
Nada nuevo, lo han hecho siempre, en el gobierno de Murat Hinojosa le revocó 500 bases a su antecesor Gabino Cué Monteagudo y ahora se repite la misma porquería, vamos a ver cuántas podrá revocar Jara Cruz y así sucesivamente, es el cuento de nunca acabar.
A esta lamentable situación se suma otra grave acción: la venta de plazas por parte de personajes agremiados al sindicato los cuales están plenamente identificados por la base trabajadora.
Por si ello no fuera suficiente, las plazas de base son vendidas al igual que los contratos, en especial, aquellos en la modalidad de contrato-contrato, los cuales son una antesala para ser acreedores a una base. Quien recibe un contrato-contrato inmediatamente es condicionado (a) a entregar parte de su salario a estos personajes, para ir asegurando su nombramiento de base.
Entre esos líderes cabecillas del Cártel de la Venta de Plazas figuran:
Juan Rafael Rosas Herrera (alias JR); Mauricio Javier Carreño (maneja el mismo alias JR); Julián Estrada (alias El Potro); grupo morado; Joel Castillo (Alias JC) y en minoría, el grupo azul
En este orden, las exigencias de estos líderes sindicales han sido de siempre los grandes beneficiarios de todas las prestaciones convenidas entre Gobierno-Sindicato.
Y hablamos desde los ex titulares de Administración como Javier Villacaña Jiménez y Germán Espinosa Santibañez, que deberán dar una explicación, aunque han dicho que están limpios y no tienen cola que les pisen.
Desde el inicio de la administración anterior en la secretaría de Administración inflaron a un personaje famosísimo por señalamientos de corrupción, hablamos de Juan Rafael Rosas a quien le entregaron completamente el control de la Dirección de Recursos Humanos al grado de asignar a Mauricio Javier Carreño en ese cargo para decidir a quién se le otorga un contrato-contrato o una base.
Desde el otorgamiento del contrato queda amarrada la base al grado que quien reciba un contrato al momento de recibir su salario va aportando quincenalmente parte de su salario a estos líderes que a su vez asignan a otra persona para cobrar.
Hasta finales de noviembre de este año, Juan Rosas seguía siendo el mandamás y quien decide al interior de la Secretaría de Administración, porque todos los titulares que han pasado en esa dependencia terminaron inflando al dirigente.
Y la prueba fehaciente es el otorgamiento de 300 bases fuera de la ley.
Cuando se supone se había concluido el otorgamiento irregular de plazas de bases por cierre de sexenio, sin embargo, todo parece indicar que hubo una regresión debido a la presión de los líderes antes señalados quienes, se dice, pusieron en venta las plazas con un costo de entre 200 y 250 mil pesos.
Y tras la derrota electoral del candidato del PRI, Alejandro Avilés Álvarez presionaron al Gobierno para que el pasado 15 y 30 de septiembre, cuando el ejercicio gubernamental estaba cerrado, se otorgaron nuevamente esa cantidad de nombramientos de base.
La pregunta es ¿esto es legal?, ¿hasta qué punto podrán ser investigados y castigados las y los responsables de semejante abuso?
Es también un secreto a voces en los pasillos de la Secretaría de Administración en Ciudad Administrativa, los comentarios y señalamientos de personal de base hacia una de las intermediarias en el presunto negocio de la venta de plazas de nombre Lirio Azucena Morales Valadez, que es uno de los contactos y trabaja en esa institución para el ofrecimiento de las bases.
Por ahí tendrán que empezar las pesquisas, si efectivamente Salomón Jara tiene la voluntad de combatir la corrupción, porque aun cuando lleva apenas 15 días en el cargo, solamente ha dado anuncios, debe exigir a sus funcionarios que le entreguen un expediente completo de la situación que guarda la administración pública y darlo a conocer al pueblo de Oaxaca con pelos y señales.
A la par de ordenar la investigación a la misma Fiscalía Anticorrupción y de proceder, judicializar las carpetas de investigación, no quemar polvoritas antes de tiempo, porque no tiene datos, habla a la ligera.
El pueblo no olvida, se comprometió públicamente a terminar con esos rancios cacicazgos que tanto daño le han hecho a Oaxaca.
Ya lo veremos.
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