Juez niega libertad bajo caución al militar José Martínez

Oaxaca.-José Martínez Crespo, militar retirado y preso en el Campo Militar 1-A, solicitó a un juez federal su libertad bajo caución, dos semanas antes de que se cumplimentara la segunda orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa, la cual le fue negada.

La solicitud fue presentada el pasado mes de agosto durante un juicio de amparo por la orden de aprehensión en su contra por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, la negación se debe a que la legislación que rige el juicio de amparo no cuenta con las posibilidades para solicitar al juez de distrito la libertad.

“Respecto de la petición de la parte quejosa consistente en que esta juzgadora fije su libertad bajo caución. Este juzgado está facultado para imponer montos como requisito de efectividad para que siga surtiendo efectos la suspensión del acto, no para los fines que pretende el quejoso con dicha manifestación”, se mencionó en el documento.

Martínez Crespo pidió protección de la justicia por la orden de aprehensión en su contra que se cumplimentó el 14 de septiembre. Se le concedió una suspensión provisional para que quedara a disposición de las autoridades en el Campo Militar 1-A, pero días después, desistió y la medida dejó de ser válida.

“Deja de surtir efectos la suspensión provisional concedida el 30 de agosto de 2022, quedando expedita la faculta de las autoridades responsables para ejecutar la orden de captura”, se detalló sobre los cambios en torno al caso de José Martínez y Ayotzinapa.

El pasado 21 de septiembre, un juez dictó auto de formal prisión en contra de José Rodríguez Pérez, José Martínez Crespo y Eduardo Mota Esquivel, elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

A los tres se les acusa de delincuencia organizada y a los dos últimos también por desaparición forzada. José Rodríguez y Eduardo Mota fueron aprehendidos el pasado 15 de septiembre, mientras que José Martínez ya se encontraba en prisión.

La polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad del gobierno que reconoció el 18 de agosto que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército, y los da por muertos.

Pero los padres de los jóvenes han denunciado la impunidad de las Fuerzas Armadas y la FGR canceló la semana pasada 21 órdenes de arresto, de las que 16 corresponden a militares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el presidente Andrés Manuel López Obrador coinciden en su rechazo a la “verdad histórica”, una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.

Al igual que la Comisión para la Verdad, concluyeron que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.

-Con información de Ariadna Lobo y EFE.