Un agravio reforma electoral: Conferencia del Episcopado Mexicano

Oaxaca.-La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) demandó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no dañar al Instituto Nacional Electoral (INE) ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a propósito de la reforma constitucional que envió al Congreso de la unión y que actualmente se discute entre los legisladores.

A través de un fuerte pronunciamiento en defensa del INE y del Tribunal Electoral, los obispos católicos de México dijeron estar preocupados por las pretensiones de la iniciativa de ley, la cual, a su juicio, en caso de aprobarse, afectará la democracia en el país al impactar en el equilibrio de las minorías y mayorías y llevará al centralismo la organización de todos los procesos electorales en el país.

“Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, subrayaron los obispos en su posicionamiento.

“Todas las instituciones y las leyes son perfectibles, todo proceso puede siempre mejorar. Sin embargo, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil —y de los mismas organizaciones políticas—, por el impulso que se da a una reforma constitucional que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país.”

Los obispos del país manifestaron que la freformas está destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.

Pidió a los legisladores que no pongan en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país.

“Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado”.