Congreso CDMX pide al TSJ Oaxaca no tardar proceso de María Elena

• La saxofonista oaxaqueña ha pasado por un largo proceso para la obtención de justicia y el derecho a la reparación integral del daño

Oaxaca.-El Congreso capitalino exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, a realizar las acciones conducentes para no dilatar más el proceso de María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de intento de feminicidio mediante un ataque de ácido, así como para salvaguardar sus derechos humanos, acceso a la justicia y a la no revictimización.

En su exposición, la diputada Marcela Fuente Castillo (MORENA) reiteró que comparte la indignación de la víctima,quien sufrió un intento de feminicidio a través de un ataque con ácido en 2019 y que ha pasado por un largo camino para la obtención de justicia y el derecho a una reparación integral del daño, en el que “ha sido revictimizada y sujeta a violencia institucional por parte del Poder Judicial”.

“El día de hoy venimos a manifestar que ni la complicidad ni la impunidad pueden silenciar las voces de miles de mujeres que desde hace décadas demandamos vivir sin miedo en nuestro país”, expresó. 

Recordó que el pasado mes de enero el juez Teódulo Pacheco Pacheco intentó dictar prisión domiciliaria al agresor Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual del ataque, lo que además de no garantizar el derecho a la obtención de justicia y a la reparación integral del daño de la víctima, atentaba directamente contra su vida e integridad, lo que se logró detener mediante la presión social y la organización de las mujeres.

La diputada Fuente Castillo resaltó que el pasado 15 de septiembre la víctima recibió un atentado en contra de su vida mientras se trasladaba de la Ciudad de México a Oaxaca, lo que dejó en claro que su vida peligra “y se encuentra siendo víctima del entorpecimiento del debido proceso de su caso”.

Adicionalmente, consideró preocupante que hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca turnó el proceso al Tribunal Unitario y determinó a la jueza María Teresa Quevedo Sánchez como autoridad competente para conocer del caso, ya que esta jueza tiene vinculación con otros casos de gravedad en donde ha sido cómplice de la corrupción y el nulo acceso a la justicia digna para las víctimas, ya que de manera injustificada, ha permitido la liberación de feminicidas y agresores de otras mujeres