Oaxaca.-Expertos de la ONU* han exigido hoy respuestas sobre la suerte de dos defensores de los derechos humanos mexicanos desaparecidos y han instado al Gobierno de México a investigar su desaparición y llevar a los responsables ante la justicia.
El 15 de enero de 2023, Ricardo Lagunes -abogado de derechos humanos- y Antonio Díaz, líder Indígena, desaparecieron en el estado de Colima, México. La desaparición se produjo en el contexto de un conflicto en curso entre la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán, México, y una empresa minera con sede en Luxemburgo, Ternium -parte del grupo argentino-italiano Techint-.
Los defensores de los derechos humanos fueron vistos por última vez cuando asistían a una reunión comunitaria donde se debatieron acciones colectivas relacionadas con los impactos de la empresa sobre los derechos humanos.
Díaz es miembro de la comunidad que se ha visto perjudicada por la empresa minera. Lagunes prestó asistencia jurídica a la comunidad víctima de las actividades de las empresas mineras.
"El gobierno de México debe investigar la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, cuya suerte y paradero aún se desconocen", han declarado las y los expertos de la ONU. "Debe llevar a los responsables del crimen ante la justicia, ofrecer reparación a las víctimas y sus familias y garantizar su seguridad".
Los expertos subrayaron que la prohibición de las desapariciones forzadas y la obligación de investigar, procesar y castigar a los responsables son normas de jus cogens. "Se trata de una parte del derecho internacional que no puede dejarse de lado, independientemente de la inestabilidad política interna o de cualquier otra emergencia pública", afirmaron.
"Las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre los defensores de los derechos humanos y silencian las voces críticas", afirmaron los expertos, que instaron al gobierno a garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor, a menudo vital, en un entorno seguro. "Esto incluye reforzar el mecanismo de protección de los defensores de los derechos humanos", afirmaron.
"El gobierno debe garantizar que las empresas respetan los derechos humanos en todas sus actividades, incluido en relación al relacionamiento con personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades afectadas", afirmaron.
"Las empresas deben proporcionar toda la información de que dispongan en relación con la desaparición de los señores Lagunes y Díaz", afirmaron los expertos. “ La colaboración de las empresas con las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades afectadas, en particular las que tienen necesidades especiales de protección como los Pueblos Indígenas es critica para ayudar a identificar los efectos negativos sobre los derechos humanos y abordarlos eficazmente, en consonancia con su responsabilidad de respetar los derechos humanos", afirmó Pichamon Yeophantong, Presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
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