Comunicado
Oaxaca.-Exigimos al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la grave situación de violencia feminicida.
Urgimos al Gobierno de Oaxaca la liberación de manera inmediata del defensor del bosque Pablo López Alavez.
La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos del contexto y generar acciones conjuntas, 10 organizaciones de seis estados de México celebramos en la capital oaxaqueña, del 4 al 6 de octubre, el encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”, en el marco del Programa Servicio Civil para la Paz. El espacio permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz.
A partir del análisis compartido, las organizaciones manifestamos las siguientes preocupaciones:
La política de seguridad que avala los procesos de militarización por parte del Estado mexicano y su fallida lucha contra la impunidad, como se ha evidenciado en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recordamos que la paz no se construye solo con voluntad; requiere de justicia efectiva, reparación del daño y un ejercicio constante de recuperación y construcción de memoria histórica.
La falta de mecanismos del Estado para atender la crisis migratoria, que está generando deshumanización, así como graves violaciones a derechos humanos tales como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñeces.
Las múltiples violencias que se ejercen contra quienes defienden derechos humanos. Ejemplo de ello son los 47 asesinatos de activistas perpetrados en Oaxaca entre 2018 y 2022, cifra que coloca al estado como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos en el país.
La situación de conflictividad que se vive en México, particularmente en Oaxaca, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico atentan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
La disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos exacerba la violencia, abona a conflictos comunitarios y es una de las causas del desplazamiento forzado interno.
Dado el momento histórico que vive el país, refrendamos nuestra solidaridad y respaldo a víctimas de violencia feminicida, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno; con las familias de víctimas de violencia feminicida y de personas defensoras asesinadas, así como con todas víctimas de violaciones a derechos humanos. Es urgente que la definición de las acciones del Estado sea desde una mirada y acción interseccional, multicultural y no desde una lógica sexista, racial y de discriminación.
Exigimos al Estado Mexicano a actuar de manera contundente en contra de la corrupción, la impunidad, asumir con seriedad acciones en contra del funcionariado de los diferentes niveles de gobierno por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico.
Exigimos al Estado Mexicano a que garantice el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la situación de violencia feminicida.
La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
Frente a las violaciones a los derechos humanos, llamamos a la sociedad civil y organizada a favorecer el diálogo democrático, a asumir acciones humanitarias, a seguir generando Paz y Justicia desde la colectividad, para el fortalecimiento de las formas de articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía en general.
Urgimos al Gobierno del Estado y al Poder Judicial de Oaxaca a que libere de manera inmediata al defensor del bosque Pablo López Alavez en cumplimiento a la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, a 06 de octubre de 2023.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (CODIGO DH) – Oaxaca
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca – Oaxaca
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) – Oaxaca
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas – Chiapas
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO) – Chiapas
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)– Chihuahua
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) – Jalisco
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios – Coahuila
Aluna Acompañamiento Psicosocial – CDMX
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) – CDMX
