Oaxaca.-Primero intentó colocarla como la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuando se dieron los cambios de estafeta en ese organismo público, pero no lo consiguió, hoy el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra intenta imponer a Elizabeth Lara Rodríguez como la nueva responsable en la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Lara Rodríguez figura en una lista de aspirantes a ocupar la DDHPO, cuyas entrevistas ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la 65 Legislatura Local son este martes 21 y jueves 23 de marzo, pero prácticamente su imposición ha generado molestia entre los demás participantes, porque han dicho que no hay piso parejo, es una simulación y hay un marcado favoritismo hacia la propuesta del sacerdote Solalinde.

Es decir, la plaza estaría dada.

Solo que tiene un pequeño problema la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Tania Caballero Navarro, (nuera del gobernador Salomón Jara Cruz) porque uno de los aspirantes Alex Alí Méndez Díaz impugnó el proceso de selección ante el Poder Judicial de la Federación, con el folio de registro 4746675/2023 el pasado 15 de marzo del presente año.

Ello, debido a que la convocatoria no tuvo la difusión para las personas con discapacidad por ningún medio accesible para este sector de la población.

Además de que la convocatoria es muy clara al señalar que se debe hacer una consulta pública y también las y los integrantes de dicha Comisión incumplieron con este requisito, les valió, amén de que tampoco se tradujo a lenguas indígenas y ello es discriminatorio para ese sector porque les impide participar en ambas vías.

Pero veamos quién es Elizabeth Lara Rodríguez.

Hasta 2021, viene de ocupar un cargo de primer nivel en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, era directora de la Quinta Visitaduría, pero sobre ella pesa una investigación respecto a graves violaciones a derechos de personas migrantes al, presuntamente, revelar documentos que pusieron en riesgo a estas personas y de ahí habría sido obligada a “renunciar” al cargo.

Es oriunda de Loma Bonita, Oaxaca y sus orígenes partidistas fueron en el Partido Acción Nacional, buscó ser presidenta municipal de ese municipio y al perder en las elecciones, fue regidora panista. Es la esposa del priista Venustiano Gutiérrez Reyna, expresidente municipal de Tehuantepec y exfuncionario en la Secretaría General de Gobierno con Alejandro Murat Hinojosa.

Su único mérito es ser cercana del padre Alejandro Solalinde y para varios de quienes participan en la selección sería desastroso que la impusieran puesto que hasta el momento no ha quedado clara su “renuncia” a la CNDH, donde fue acusada por migrantes de haber filtrado un informe secreto que derivó en la revictimización de estos y enfrentaron graves riesgos porque fueron víctimas de extorsión, trata de personas y secuestro.

Al no haber quedado claro ese punto fundamental, la aspirante viola dos puntos de la convocatoria, el tercero al convertirse en una aspirante inelegible y el quinto que señala “no haber resultado responsable de violaciones a derechos humanos…”, ni la propia CNDH ha desmentido ese tema.

Las y los diputados responsables de la Comisión Permanente de Derechos Humanos deben poner atención a quién elegirán para presidir la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, es un cargo muy delicado y la persona que sea seleccionada deberá cumplir a cabalidad, por lo menos todos los requisitos que marca la convocatoria.

Tanto Tania Caballero Navarro, como César Mateos, Nicolás Enrique Feria Romero, Gabriela Pérez López y Juana Aguilar Espinoza, que son integrantes de esta comisión, deben dejar la simulación, para nadie es un secreto a lo que el padre Solalinde se dedica, activista de tiempo completo, y si desde un principio lo iban a premiar con la DDHPO, para qué diablos abren una convocatoria y piden que se inscriban.

Eso aquí y en China, se llama ¡simulación!

Pésimo papelón de las y los diputados de dicha comisión.

Y es que pareciera que las graves violaciones a la ley son las que enmarcan al actual gobierno de Jara Cruz, porque también a costa de todo intentan sostener a quien ya había presentado su renuncia a Coreturo, Karina Ángeles Morales, inhabilitada por cinco años luego de no comprobar más de medio millón de pesos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

De acuerdo con la versión oficial de Palacio de Gobierno, la servidora pública impugnó ante los órganos jurisdiccionales y el Tribunal Administrativo a cargo de Manuel Velasco Alcántara, de quien sabemos recibió la presión del hermano incómodo Amador Jara Cruz para apoyar a Karina Ángeles Morales, y tuvo que dejar sin efecto la resolución del IEEPCO.

Ahora se sabe que el IEEPCO metió un recurso de apelación y veremos en qué queda todo este alegato de una servidora pública que en el momento de ser nombrada al cargo violentaba la ley y era inelegible.

Así se las gastan en la actual administración gubernamental. ¿Hay alguna diferencia con los gobiernos priistas?

DE COLOFÓN: En otro asunto, nos comentan que luego de la detención de Jorge Zárate Medina, el “Ratoncito”, acusado del ejercicio indebido de sus funciones sobre quien pesan 17 procesos penales y es señalado de pertenecer al “Cártel del Despojo”, llovieron las llamadas de extorsión contra los demás integrantes de que, si hacían previo pago, no serán detenidos.

Lo peor es que los intentos de extorsión vienen de adentro de la #4T, de gentes sin escrúpulos que, al ver la oportunidad de sacar dinero, estuvieron haciendo llamadas a los familiares de los presuntos involucrados, pero éstos andan en el extranjero intentando evadir la justicia.

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