Oaxaca.-Durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hubo una "privatización silenciosa" del ISSSTE, que consistió en subrogar sus funciones primarias en empresas privadas a través de contratos que ascendieron a 88 mil millones de pesos.

 

Muchas de las empresas que se beneficiaron de estos contratos eran propiedad de funcionarios públicos, políticos y testaferros.

 

La privatización redujo al mínimo la operatividad de la institución, y los servicios prestados no fueron enteramente de la institución, sino de empresas privadas a las que se les pagó precios más altos que el costo real.

De manera paralela, en esa institución hubo un esquema de saqueo y defraudación que afectó su patrimonio por aproximadamente 15 mil millones de pesos, a través del pago de pensiones fuera de la ley y en el cual participaron ex trabajadores coludidos con coyotes, despachos de abogados, servidores públicos de los tribunales laborales y litigantes del propio Instituto.

Esta red de fraudes por pensiones fue dada a conocer por los reporteros de La Jornada Gustavo Castillo y Ángeles Cruz en diversas notas publicadas en las ediciones del 5 de junio y del 3 y 21 de noviembre del año pasado.

 

La actual administración está trabajando para rescatar al ISSSTE de los daños causados por esta privatización.