Oaxaca.-A nueve años del mayor caso de corrupción y saqueo de recursos públicos en el Estado de México, con la triangulación de más de 5 mil millones de pesos de recursos federales, a través de universidades estatales a empresas fantasmas y particulares, la diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss, presentó un punto de acuerdo para exigir al OSFEM, al Sistema Estatal Anticorrupción, y al órgano interno de control de la UAEMEX, que abran investigaciones por probables delitos, relacionados con evidentes hechos de corrupción en que habrían participado autoridades que siguen en diversos cargos de la administración pública estatal.

En su intervención en tribuna, la integrante de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, reveló que de acuerdo con el libro “Estafa Maestra”, la Auditoría Superior de la Federación documentó un esquema fraudulento desde el 2011, en el que al menos políticos y altos funcionarios habrían desaparecido los recursos de carácter federal. 

“Esta red desvió en conjunto más de 7 mil millones de pesos en ese periodo, con apoyo de 186 empresas fantasma o irregulares. De esos 73 contratos fraudulentos documentados por la ASF y citados en el libro, un total de 14 correspondieron a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la cual los operó a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT)”, explicó la diputada de Morena.

Estafa maestra fue operada por funcionarios y rectores 

Azucena Cisneros denunció que la llamada "Estafa Maestra" en su versión Estado de México, fue operada por una red de no menos de 30 políticos, altos funcionarios y rectores de la UAEMex ligados al PRI y al Grupo Atlacomulco, que en conjunto habrían desaparecido alrededor de 3 mil millones de pesos sólo entre 2011 y 2014, incluyendo los 14 contratos citados en el libro. 

Cisneros agregó que esos contratos no fueron los únicos, pues existen al menos 10 auditorías forenses que dan constancia de un saqueo prolongado entre el FONDICT y dependencias del gobierno federal, cuando Enrique Peña era presidente de la República y Eruviel Ávila gobernador del Estado de México. 

Asimismo, mencionó que los rectores Eduardo Gasca Pliego, Jorge Olvera García, Alfredo Barrera Baca y Carlos Eduardo Barrera habrían operado en coordinación con altos funcionarios del gobierno peñista para desviar fondos federales a cambio de supuestas comisiones por cada contrato fraudulento adjudicado. 

Por último aseguró que esta situación "deja en evidencia la impunidad que sigue prevaleciendo en el Estado de México ante los actos de corrupción y los delitos de funcionarios públicos mexiquenses, lo cual es preocupante para la democracia y la justicia en nuestro país".

Con información de quinto-poder.mx.