El titular de la agencia migratoria mexicana, Francisco Garduño, quedó el domingo bajo proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones que habrían derivado en la muerte de 40 migrantes durante el incendio de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Garduño seguirá el juicio en libertad y en su puesto. Su abogado, Rodolfo Pérez, adelantó en declaraciones a The Associated Press que se espera llegar a un acuerdo económico con las víctimas para que el proceso no continúe.

“Pagar lo que se tenga que pagar [porque] este es un delito que si se repara el daño… ya no sigue el juicio”, indicó vía telefónica.

Los fiscales habían pedido separarle del cargo desde la audiencia previa, pero el Juez rechazó la petición y sólo decretó como medida cautelar que acuda periódicamente a los juzgados para firmar.

“Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración, mientras no se ordene lo contrario, y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, dijo a la prensa el propio Garduño a su salida de la audiencia en Ciudad Juárez, en la que se reservó su derecho a declarar.

La Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditaban que una de las funciones de Garduño era salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del Instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados.

Dijeron que había documentos que demostraban que desde el año pasado estaba al tanto de las malas condiciones del centro de detención siniestrado, sin protocolos de emergencia contra incendios y donde los migrantes estaban hacinados, sin ventilación y encerrados en una celda cuyas llaves nunca se localizaron en el momento del fuego.

Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del pasado 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, limítrofe con Estados Unidos.

Un pequeño grupo de extranjeros prendió fuego a una colchoneta en señal de protesta por las condiciones de detención y, en cuestión de segundos, el humo se extendió por el dormitorio sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según pudo apreciarse en las tomas de las cámaras de seguridad.

Garduño, que antes de llegar a Migración estaba encargado del sistema de prisiones de México y es cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace años, ha contado hasta ahora con el respaldo del mandatario, quien le encomendó encabezar el endurecimiento de la política migratoria mexicana desde 2019 ante las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump.

El alto funcionario reconoció a la prensa al salir de los juzgados que la decisión del Juez no fue una sorpresa.

“Ya lo esperábamos”, confirmó su abogado, quien anunció que recurrirán la decisión del Juez. “Lo importante era que estuviera en libertad, [que] no lo cesaran del cargo”.

La defensa de Garduño subrayó que quienes fallaron el día de los hechos no fueron los funcionarios, sino la empresa privada contratada por el INM para la seguridad de las instalaciones, y se quejó de que el Juez no admitiera como prueba videos de las cámaras de seguridad del centro de detención. El Magistrado lo hizo por un problema de forma.

La Fiscalía investiga los contratos de la agencia migratoria con la empresa privada.

En parte de esas grabaciones que pudo revisar AP y que no tenían sonido, miembros de esa compañía se encargaron de abrir y cerrar la celda donde tuvo lugar el incendio horas antes del fuego. Luego se perdió la pista a las llaves de la celda de hombres, pero las mujeres sí fueron liberadas por una guardia de seguridad privada y quedaron a salvo.

La Fiscalía alegó que los guardias de seguridad pidieron permiso a los agentes de migración para permitir la salida de los migrantes y éstos se lo negaron.

En varias audiencias quedó constatada la falta de requerimientos contra incendios, la existencia indebida de colchonetas de material muy inflamable, la falta de migrantes registrados y su permanencia en el lugar por varios días, aunque la Corte Suprema consideró inconstitucional antes del incendio detener a los migrantes por más de 36 horas.

Los tribunales ya abrieron proceso penal contra otro directivo del INM por los mismos cargos que a Garduño y contra otros seis funcionarios por homicidio y lesiones, entre ellos el militar retirado que estaba a cargo del INM en Chihuahua.