Oaxaca.-El juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Antonio González García, otorgó un amparo a favor de Mario Aburto Martínez, quien acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de omisión por no haber investigado la supuesta tortura de la que habría sido víctima durante su detención en 1994 tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, excandidata a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la petición que mandó Aburto, éste acusó que existieron presuntas omisiones —es decir, actos de tortura, tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes, así como delitos vinculados cometidos en su perjuicio— por parte de la Fiscalía en su caso, por lo que exigió que su nombre sea inscrito al Registro Nacional del Delito de Tortura; no obstante, la autoridad no hizo público en su acuerdo los efectos de su resolución.

Asimismo, el acusado demandó que, en su caso, la Fiscalía presuntamente no ha cumplido con las obligaciones generales en materia de combate a la tortura derivado de los tratados internacionales que ha firmado y ratificado México.

No sólo protestó contra la FGR, sino también contra la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos por también “ser omiso” para supervisar que la Fiscalía de Investigación del Delito de Tortura sea la que se encuentre a cargo de su caso.

Conviene recordar que fue el pasado 10 de febrero cuando trascendió que la Fiscalía General de la República habría reabierto el caso, debido a que se solicitó la declaración de los abogados Xavier Alfonso Carvajal Machado y Marco Antonio Mackliz Mercado, quienes fueron parte de la defensa del imputado durante las investigaciones que se realizaron tras el magnicidio.

De acuerdo a lo que ellos mismos explicaron en entrevista con Milenio, aparte se habría citado a cuatro supuestos testigos más; sin embargo, revelaron que las preguntas habrían estado inclinadas a conocer información sobre Manlio Fabio Beltrones y el jefe de escoltas de Colosio Murrieta.

“Es un citatorio que se encuentra dentro de una investigación previa que fue formulada en contra de Mario Aburto Martínez el 23 de marzo de 1994 con motivo del asesinato de Colosio, pero no me explico por qué se trata de esta averiguación previa que están reabriendo y no una nueva investigación”, comentó en el espacio el litigante Carbajal Machado.

En dicho espacio, los abogados apuntaron que, debido a la forma en la que estaban siendo formuladas las preguntas, ellos creen que podría tratarse de una distracción fabricada por el gobierno “con el ánimo de buscar cómo encontrar responsables de gobiernos anteriores, quiere involucrar personas que hayan incidido en el caso”.

“Querían sacar información no precisamente sobre lo que atañe que es la supuesta tortura que sufrió Mario Aburto, sino de pretender buscar algo más de carácter político y sacar a flote alguna responsabilidad en algunos funcionarios”, dio a conocer la periodista Laura Sánchez como parte de una declaración de un supuesto testigo.

Finalmente, Mackliz Mercado apuntó que el asesinato de Colosio “ya es un caso cerrado”, debido a que se argumentó que existían los elementos suficientes para declararlo así.

Pese a lo anterior, fue el pasado mes de septiembre cuando los integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la petición de Mario Aburto para que revisara la sentencia de 45 años de prisión que se le impuso tras encontrarlo culpable del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Con base en un acuerdo publicado por la Corte, ninguno de los integrantes habría decidido “hacer suya” la petición de llevar el caso a discusión ante la Sala Superior, por lo que se retornó el caso al primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México.