Oaxaca.-Luego de que el Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, presentó ante el Pleno del Congreso Local, el pasado 1 de febrero, un paquete de reformas a la Constitución Política Local y a diversas leyes estatales, con el objetivo de restringir el acceso a cargos públicos a personas que estén inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, funcionarios han regularizado sus adeudos.

El ahora titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca, Elpidio Altamirano pagó los 20 mil pesos de retroactivo que debía como deudor alimentario, informó la página Deudores Alimentarios Oaxaca, que conformó la activista Diana Luz Vásquez.

El militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) debía un retroactivo de 20 mil pesos, cantidad que, de acuerdo con la Red de Deudores, cubrió para poder sumarse al gabinete ampliado, en la administración actual.

Cuando Altamirano López era representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Oaxaca ante el consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2021, fue denunciado legalmente por incumplir con el pago de la manutención de su hijo.

Activistas feministas y madres de familia oaxaqueñas lo denunciaron públicamente; tras estas acciones, el político declaró que no existía ninguna demanda en su contra por la pensión de su hijo de nueve años.

Por otro lado, las activistas expusieron también al edil de Tapanatepec, Humberto Parrazales, quien dejó el padrón de deudores alimentarios, pues un juez que lo exentó de pagar más de 300 mil pesos de retroactivo a la madre por 15 años de crianza; cantidad que ya había fijado en una primera sentencia, pero no fue cubierta por el edil.

La página señala que el político asumió por completo los gastos de la crianza de su hija, quien ahora vive con una tía.

La Red de Deudores señala también a Rigoberto Chacón, edil de Zaachila, quien hace 40 años “abandonó a una mujer estando embarazada y nunca quiso reconocer a su hijo, ni mucho menos le dio un peso en todo ese tiempo”, apuntan las activistas.

Entre los casos también se expone el de Michael  Aranda Vásquez, adscrito a Secretaría de Seguridad  Pública, quien de acuerdo a las denunciantes, actualmente trabaja como parte de la  Ayudantía y escolta del gobernador  Salomón Jara.

“Sigue sin pagar la pensión alimenticia de su hijo, se sigue escondiendo bajo las faldas de su mamá quien lo esconde y niega cuando llegan las notificaciones. Es un vividor que solo utiliza a las mujeres para darse la buena vida, dejando a sus hijos a la deriva”, aseguran las integrantes de la Red contra Deudores Alimentarios.

En tanto, este lunes, el gobernador se pronunció contra actos de encubrimiento y corrupción en su administración y dijo que ningún funcionario que atente contra la ley o la sociedad tendrá cabida en su administración.

“Tenemos que ser ejemplo (…) los servidores públicos tienen que conducirse en el marco de la ética y ser ejemplares ante la sociedad. No vamos a permitir que nadie, ni deudores alimentario ni quien esté en contra de la ley o la sociedad, lo permitamos en este gobierno”, afirmó el mandatario durante su conferencia semanal.