De manera paralela, en esa institución hubo un esquema de saqueo y defraudación que afectó su patrimonio por aproximadamente 15 mil millones de pesos, a través del pago de pensiones fuera de la ley y en el cual participaron ex trabajadores coludidos con coyotes, despachos de abogados, servidores públicos de los tribunales laborales y litigantes del propio Instituto.
Esta red de fraudes por pensiones fue dada a conocer por los reporteros de La Jornada Gustavo Castillo y Ángeles Cruz en diversas notas publicadas en las ediciones del 5 de junio y del 3 y 21 de noviembre del año pasado.
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