Oaxaca.-El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se prorroga hasta el 31 de marzo del 2024 la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, los llamados “autos chocolate”, que se encuentren en 15 estados de la República que cuentan con un alto índice de población migrante.
El Ejecutivo federal destaca que a través de los diversos decretos que desde el 18 de octubre del 2021 ha expedido y hasta el pasado primero de diciembre se legalizaron “un aproximado de un millón 917 mil 327 vehículos usados de procedencia extranjera” y se logró recaudar un aproximado de 4 mil 790 millones 817 mil 500 pesos, “lo que ha permitido llevar a cabo acciones de obra pública en los municipios de las entidades federativas participantes, en beneficio de sus habitantes y vecinos de zonas cercanas”.
En el decreto se destaca asimismo que con ellos “se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía” y se contribuyó a garantizar la seguridad pública, al contar con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos para evitar que éstos se ocupen en la comisión de actos ilícitos”.
El Presidente de la República resalta que “derivado de la buena aceptación del programa y toda vez que continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos de procedencia extranjera, se estima necesario ampliar la vigencia del decreto publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2022 y sus posteriores modificaciones, por lo que he tenido a bien” expedir un nuevo decreto que la amplía hasta marzo del 2024.
Explica asimismo que “el gobierno de México está obligado a implementar y continuar con estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública, como la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no han tramitado su importación definitiva, es decir, no han acreditado su legal estancia en el país”.
Con ese objetivo de fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades federativas que tienen un alto índice de población migrante en Estados Unidos de América y Canadá, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF)” diversos decretos.
El primero, el «Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados» de 18 de octubre de 2021; el «Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera» de 19 de enero de 2022, su fe de erratas de 21 de enero de 2022 y sus posteriores reformas de 27 de febrero, 20 de junio y 19 de septiembre, todas de 2022, vigente hasta el 31 de diciembre de ese año; así como el «Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera», de 29 de diciembre de 2022 y sus posteriores modificaciones de 31 de marzo, 30 de junio, 29 de septiembre y 1 de diciembre, todas de 2023.
Este último es el que se reforma, a fin de establecer que el decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2024.
A la par a lo anunciado por el Ejecutivo, también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio cuenta de la extensión del plazo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
La institución que encabeza Rosa Icela Rodríguez Velázquez señaló que esta ampliación se debe a que “continúa la demanda de quienes solicitan el trámite”.
El programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera ha permitido la legalización de dos millones mil 878 vehículos, esto en el periodo del 19 de marzo de 2022 al 28 de diciembre pasado.
La SSPC señala que al tener regularizados los automotores “se evita que se ocupen en la comisión de actos ilícitos y se contribuye a garantizar la seguridad pública”.
Este programa ha posibilitado también que el gobierno general recaude más de 5 mil millones de pesos, los cuales se destinan a la pavimentación de calles y avenidas en las entidades que participan de este mecanismo.
