Oaxaca.-El caso se inició cuando un particular presentó un reclamo de protección, alegando que sus derechos fundamentales, consagrados en la Constitución mexicana, habían sido vulnerados durante su detención y la ejecución de una orden de aprehensión. Según el querellante, estas acciones no se ajustaron a los principios constitucionales.
Los delitos por los cuales fue acusada esta persona son los siguientes:
El hackeo de redes sociales puede tener graves consecuencias legales y penales. En México, el Código Penal Federal contempla estos delitos en su artículo 211 bis y establece penas de hasta 12 años de prisión por vulnerar sistemas informáticos
Además, el Código Penal Federal sanciona a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada.
El hackeo puede ser considerado un delito de acceso ilícito, ya que se accede a sistemas o dispositivos sin permiso, lo que puede tener consecuencias legales importantes,
Los acusados en este caso incurrieron tanto en violación de la privacidad sexual como en robo simple.
Se destapó que sin el consentimiento de la víctima, los imputados grabaron videos íntimos y procedieron a robarles el celular.
El dispositivo robado fue utilizado luego como medio para amenazar y extorsionar a la víctima. Según el Código Penal de Oaxaca, este acto en particular se encuadra en las categorías de violación a la intimidad sexual y robo simple.
La jueza, tras analizar los elementos probatorios, confirmó la validez de la orden de aprehensión. Se determinó que todos los requisitos legales para su emisión fueron cumplidos, incluyendo la competencia judicial, la existencia de una denuncia por delitos sancionados con pena privativa de libertad, y la probabilidad de que el acusado cometiera tales delitos.
Por tales motivos, le fue negado el amparo al acusado.
