- En la comunidad de El Coyul, ubicada en el municipio de San Pedro Huamelula,
Oaxaca, se ha registrado un grave caso de despojo de tierras que ha llevado a la condena de 21 habitantes a 15 años de prisión y multas que suman 50 millones de pesos.
Estos comuneros, que pertenecen a la etnia chontal, fueron sentenciados por delitos relacionados con la defensa de sus tierras, específicamente por "despojo agravado" y "secuestro" en un contexto donde se enfrentan a un intento sistemático de despojo por parte de un grupo identificado como un "cártel inmobiliario".
Los comuneros defienden un total de 1,452 hectáreas que incluyen áreas valiosas como manglares y playas. Este territorio ha sido objeto de interés por parte de desarrolladores inmobiliarios, muchos de los cuales son extranjeros158.
Las denuncias indican que hay una complicidad entre funcionarios públicos, notarios, jueces y otros actores del gobierno que facilitan este despojo. Se señala que estas acciones buscan no solo despojar a las comunidades de sus tierras, sino también infundir miedo en aquellos que se atreven a defender sus derechos.
La comunidad ha respondido con protestas y movilizaciones en defensa de su territorio. Sin embargo, estas acciones han sido criminalizadas, y los líderes comunitarios han enfrentado amenazas y persecuciones judiciales16.
La situación en El Coyul es parte de un patrón más amplio en Oaxaca donde las comunidades enfrentan presiones similares debido a reformas legales que favorecen la propiedad privada sobre la propiedad social. Estas reformas han generado un ambiente propicio para el despojo, lo que ha llevado a organizaciones sociales y comunitarias a exigir cambios en las políticas gubernamentales para proteger sus derechos.
La condena impuesta a los habitantes de El Coyul no solo representa una violación grave a los derechos humanos, sino que también plantea serias preguntas sobre la justicia en el contexto del acceso a la tierra y la protección del patrimonio cultural indígena en México.
