La reciente aprobación de la reforma que militariza la Guardia Nacional (GN) en México ha suscitado un intenso debate tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.

 

El 19 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó esta reforma con 362 votos a favor y 133 en contra, lo que representa un paso significativo hacia el control militar de este cuerpo de seguridad, originalmente concebido como una fuerza civil.

 

La reforma transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que implica que el cuerpo estará bajo mando militar. Este cambio modifica el artículo 21 de la Constitución, que anteriormente garantizaba que las instituciones de seguridad pública debían ser civiles.

 

La Guardia Nacional ahora podrá realizar investigaciones criminales, además de sus funciones previas limitadas a la persecución de delitos. Esto se alinea con las funciones del Ministerio Público y las policías estatales y municipales.

 

Los elementos de la Guardia Nacional serán personal militar con formación policial, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto en los derechos humanos y la naturaleza civil de las fuerzas de seguridad.

 

El comandante de la Guardia Nacional será un general activo del Ejército, designado por el presidente a propuesta del titular de la SEDENA.

 

La aprobación ha sido criticada por diversos sectores, incluidos organismos defensores de derechos humanos y partidos opositores, quienes argumentan que esta reforma representa una militarización del país y podría llevar a violaciones graves a los derechos humanos.

 

La oposición ha señalado que esta medida aleja a México de los estándares internacionales en materia de seguridad pública y podría resultar en un enfoque más agresivo en la lucha contra el crimen.

 

Por otro lado, los defensores de la reforma argumentan que es una respuesta necesaria a la creciente violencia y criminalidad en el país. Aseguran que contar con un mando militar claro permitirá una mejor coordinación y eficacia en las operaciones de seguridad pública.

 

La reforma ahora debe ser discutida y aprobada por el Senado y posteriormente por los congresos locales para su implementación definitiva.

 

La mayoría calificada obtenida por el partido oficialista MORENA en la Cámara Baja sugiere que es probable que también obtenga apoyo en estas instancias