Oaxaca.-La Fiscalía de Justicia del estado, liderada por Bernardo Rodríguez Alamilla, ha revelado que el magistrado fue arrestado tras aceptar un soborno de 70,000 pesos, el cual utilizó para emitir de manera ilegal una orden de desalojo sobre una propiedad, en la que también participó en el despojo del inmueble.

 

La investigación que llevó a este proceso judicial fue llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción del estado, que recopiló pruebas y testimonios que sustentaron las acusaciones.

 

Después de presentar los argumentos pertinentes, se emitió una orden de aprehensión, resultando en la detención del juez en el momento en que abandonaba su oficina.

 

Este procedimiento pone de manifiesto la seriedad con la que se están tratando los casos de corrupción en el sistema judicial.

 

Un juez de control determinó que Felipe 'N' debía ser recluido en el penal de San Francisco Tanivet Tlacolula de Matamoros, donde se le ha negado el acceso a fianza y la posibilidad de libertad condicional, considerando la gravedad de los delitos que se le imputan. 

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, José Gabriel Ramírez Montaño, ha sido vinculado a un proceso por presuntos actos de corrupción y cohecho en el contexto del caso de María Elena Ríos, una saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido.

 

Este caso ha generado una gran controversia debido a la absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque, lo que ha llevado a acusaciones de corrupción dentro del sistema judicial oaxaqueño.

 

María Elena Ríos fue atacada en septiembre de 2019, y desde entonces, el proceso judicial ha estado marcado por irregularidades. El juez Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal y a otros dos implicados en agosto de 2024, argumentando que las pruebas presentadas no eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

 

Esta decisión fue rápidamente revocada por otra jueza, quien ordenó la reclusión de los acusados, generando un fuerte rechazo hacia la actuación del juez Ramírez.

 

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, ha declarado que hay indicios de corrupción en el manejo del caso por parte del juez Ramírez Montaño.

 

Se han reportado irregularidades durante las audiencias, incluyendo la posibilidad de que el juez se haya entrevistado con alguna de las partes involucradas.

 

La investigación está siendo llevada a cabo por la Visitaduría del Tribunal, que tiene la responsabilidad de determinar la culpabilidad del juez. Si se confirman los actos de corrupción, esto podría resultar en su inhabilitación.

 

La absolución inicial provocó una ola de indignación tanto en la comunidad jurídica como entre activistas por los derechos de las mujeres. María Elena Ríos ha expresado su descontento con el fallo y ha calificado al juez como corrupto, exigiendo que se le retire su cédula profesional para que no pueda volver a ejercer.

 

La Fiscalía General del Estado también ha anunciado su intención de apelar la decisión absolutoria, considerando que se desestimaron pruebas cruciales en favor de la víctima.