Oaxaca.-Esta reforma propone que todos los jueces sean elegidos mediante voto popular, en lugar de a través de concursos públicos, lo que, según los magistrados, amenaza la independencia judicial y viola estándares internacionales12.

 

La CIDH ha expresado su preocupación por esta reforma, subrayando que cualquier intento de democratizar el sistema judicial debe respetar principios fundamentales como la meritocracia y la independencia judicial.

 

Durante una audiencia en Washington, la relatora de la CIDH, Andrea Pochak, afirmó que la Comisión monitoreará la implementación de la reforma para asegurar que no comprometa estos principios23.

 

Los jueces argumentan que esta reforma podría llevar a un "golpe de Estado técnico" al debilitar los contrapesos democráticos y permitir que el Ejecutivo influya en el Poder Judicial.

 

 

A pesar de las críticas, el gobierno mexicano defiende la reforma como un paso necesario para recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial.

 

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha respaldado esta postura, afirmando que las reformas son un mandato del pueblo y defendiendo la soberanía mexicana frente a las presiones internacionales.

 

La CIDH ha instado al gobierno mexicano a garantizar que cualquier cambio en el sistema judicial se realice conforme a las obligaciones internacionales y se base en un diálogo amplio y participativo