- El Congreso de la Nación de México ha aprobado recientemente una reforma judicial significativa, obteniendo 86 votos a favor y 41 en contra, sin abstenciones.
Oaxaca.-Esta votación se llevó a cabo en el Senado, donde se encontraban presentes 127 de los 128 senadores, y fue necesaria la mayoría calificada para su aprobación, lo que significa que se requerían al menos 86 votos.
La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone cambios drásticos en la estructura del Poder Judicial. Entre las principales modificaciones se destacan:
- Elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.
- Reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes.
- Desaparición del Consejo de la Judicatura, que sería reemplazado por un nuevo órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial
La votación se realizó en medio de un ambiente tenso, marcado por protestas tanto dentro como fuera del recinto.
Trabajadores y militantes de oposición se congregaron para expresar su oposición a la reforma, argumentando que podría comprometer la independencia judicial y abrir la puerta a la politización del sistema judicial.
A pesar de las protestas, la coalición gobernante, que incluye a Morena y sus aliados, logró asegurar los votos necesarios, incluso con el apoyo inesperado de un senador del Partido Acción Nacional (PAN) que había prometido votar en contra.
La votación se llevó a cabo de manera manual, debido a la falta de un sistema electrónico en la sede alternativa donde se realizó la sesión, lo que implicó que cada legislador tuviera que emitir su voto verbalmente.
La aprobación de esta reforma ha generado un amplio debate en el país, con críticas que advierten sobre el riesgo de erosionar la independencia del Poder Judicial.
Los opositores a la reforma sostienen que someter a los jueces a elecciones populares podría comprometer la imparcialidad y la calidad del sistema judicial, mientras que el gobierno defiende que estos cambios son necesarios para hacer el sistema más accesible y responsable ante la ciudadanía.
Ahora, la reforma deberá ser ratificada por las legislaturas de al menos 17 de los 32 estados de México para entrar en vigor, un proceso que también se anticipa complicado debido a la resistencia de varios sectores de la sociedad y del propio sistema judicial.