Oaxaca.-El 19 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general una reforma constitucional que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

 

Esta decisión ha generado un intenso debate sobre las implicaciones de militarizar la seguridad pública en el país.

 

La reforma fue aprobada con 362 votos a favor por parte del bloque mayoritario, compuesto por el partido Morena y sus aliados, mientras que 133 votos en contra provinieron de la oposición.

 

La discusión se expandió por más de siete horas y se centró en las posibles consecuencias de esta integración, que incluye:

 

 

 

Esto plantea interrogantes sobre el equilibrio entre las fuerzas civiles y militares en el ámbito de la seguridad pública..

 

La aprobación ha sido recibida con críticas tanto dentro del ámbito político como por organizaciones civiles. La oposición argumenta que esta reforma profundiza la militarización del país y podría llevar a violaciones sistemáticas de derechos humanos.

 

Existen preocupaciones sobre el aumento del poder militar en funciones que históricamente han sido desempeñadas por cuerpos civiles, lo cual podría resultar en un incremento en los abusos..

 

Por otro lado, los defensores de la reforma sostienen que fortalecerán las capacidades operativas de la Guardia Nacional y mejorarán su coordinación con el Ejército para enfrentar desafíos como la delincuencia organizada.

 

Aseguran que este cambio es necesario para proporcionar una respuesta más efectiva a la creciente inseguridad en México..

Implicaciones futuras

 

La reforma no solo modifica varios artículos de la Constitución, sino que también abre la puerta para discutir una nueva ley de seguridad interior que regule más específicamente las funciones militares en tareas de seguridad pública.

 

Esto podría establecer un marco legal permanente para la intervención militar en asuntos civiles.