Oaxaca.-La controversia se originó en 2017, cuando el precio del petróleo cayó drásticamente. En este contexto, Pemex intentó renegociar contratos de arrendamiento de cuatro plataformas marítimas (Primus, Laurus, Fortius y Decus) que pertenecían a Oro Negro.

 

La empresa perforadora se opuso a estas renegociaciones y, en consecuencia, demandó a Pemex por incumplimiento de contrato, reclamando más de 1,000 millones de dólares.

 

A lo largo de la disputa, Oro Negro se declaró en quiebra, lo que llevó a una intervención judicial que reveló irregularidades en la gestión de la empresa por parte de sus directivos.

 

Entre los involucrados se encontraban Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, quienes actualmente son prófugos de la justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Pemex, rechazando el amparo solicitado por Oro Negro.

 

La decisión fue tomada en una votación dividida y estableció que Pemex actúa como un ente del Estado, lo que significa que sus operaciones no están completamente sujetas a la legislación civil y mercantil.

 

La corte también reafirmó que el Estado tiene la titularidad inalienable e imprescriptible sobre las actividades estratégicas relacionadas con la explotación del petróleo.

 

Recientemente, Pemex ha ganado un caso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) contra Oro Negro.

 

Este fallo refuerza la posición de Pemex en la disputa legal y destaca su capacidad para defender sus intereses frente a las reclamaciones de Oro Negro.

 

La decisión del ICSID se suma a las victorias previas en instancias nacionales, consolidando aún más la postura legal de Pemex.