Oaxaca.-El INE ha comenzado el proceso de verificación de las postulaciones de los partidos políticos para garantizar el cumplimiento de la reforma constitucional de 2023 y la ausencia de sanciones por violencia de género.

 

Hasta el 5 de marzo, el INE recopilará información de autoridades locales y federales para confirmar que los candidatos no tienen sentencias por delitos relacionados con la vida, integridad corporal, libertad sexual, seguridad, desarrollo psicosexual, violencia familiar, doméstica, intimidad sexual, política o deudores alimentarios.

 

Los requisitos varían según el cargo y pueden incluir ser ciudadano mexicano, inscrito en el Registro Federal de Electores, tener 21 años cumplidos, ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella, y no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección.

 

Desde el sábado, los ciudadanos pueden acceder a la lista de candidaturas en el portal del INE y también tienen la opción de proporcionar información al instituto si consideran que alguna no cumple con los requisitos necesarios.

 

Las denuncias pueden realizarse a través de la página del INE o en los consejos distritales hasta el 2 de abril. Después de recopilar la información, el INE llevará a cabo el análisis y verificación correspondiente.

 

El INE informó el 17 de febrero que, en caso de que tenga conocimiento de que alguna persona candidata incurrió en falsedad de declaraciones, dará vista a las autoridades respectivas y negará dichas candidaturas.

 

La reforma constitucional aprobada el año pasado establece que ninguna persona podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular o ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público si se encuentra en alguno de los ocho supuestos mencionados anteriormente.

 

Candidatos que no cumplan estos requisitos pueden ser desregistrados y perder su derecho a participar en las elecciones.