Oaxaca.-Esta acción abarca a servidores de al menos 35 dependencias gubernamentales y se basa en revisiones aleatorias de sus declaraciones patrimoniales y de ingresos.
La SFP ha intensificado sus esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad en el sector público.
Desde el 2018, el enriquecimiento ilícito ha sido el delito más denunciado por esta dependencia, con un total de 197 indagatorias hasta la fecha.
La mayoría de estas investigaciones se han concentrado en instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a su alta exposición a irregularidades financieras.
En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se han tomado medidas disciplinarias contra más de 300 empleados, resultando en 151 sanciones.
Estas sanciones van desde suspensiones hasta destituciones, con un total de 10 inhabilitaciones y ocho destituciones con inhabilitaciones, además de 87 suspensiones, 43 amonestaciones privadas y cuatro amonestaciones públicas.
Estas medidas se han tomado debido a inconsistencias en el patrimonio de los servidores públicos.
Los expedientes restantes, que aún están bajo investigación, corresponden a empleados federales de diversas instituciones.
La Guardia Nacional concentra 30 casos, el IMSS tiene 41, la Secretaría de Educación Pública cuenta con 12, Pemex Logística tiene ocho, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural también tiene ocho, Prevención y Readaptación Social tiene cinco, al igual que Pemex Exploración y Producción, Pemex Corporativo tiene cuatro, y el SAT tiene cuatro expedientes abiertos.
Además, hay expedientes abiertos en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en las secretarías de Cultura, Salud y Seguridad, con tres casos cada una.
Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay tres expedientes más que aún están bajo investigación.
Estas medidas disciplinarias buscan garantizar la transparencia y la integridad en el servicio público, asegurando que los servidores públicos cumplan con las normativas y regulaciones establecidas.
- Alcance: La investigación abarca a funcionarios de diversas dependencias, lo que indica un enfoque amplio en la supervisión de la administración pública.
- Método: La SFP no se basa únicamente en denuncias externas, sino que realiza revisiones aleatorias y sistemáticas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, buscando discrepancias que puedan indicar enriquecimiento ilícito.
- Implicaciones: La SFP ha señalado que esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno, en un contexto donde la percepción de impunidad es alta.
A pesar de los esfuerzos de la SFP, se ha reportado que de las 306 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 2018, solo dos han resultado en sentencias.
Esto refleja un alarmante nivel de impunidad que podría desincentivar futuras denuncias y acciones contra la corrupción.
Expertos han sugerido que es crucial mejorar las capacidades de investigación y fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción para lograr resultados más efectivos