Oaxaca.-El 16 de enero de 2023, el Juez Primero de Distrito en Oaxaca dictó una sentencia que obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a llevar a cabo acciones concretas para el rescate y saneamiento de los ríos Salado y Atoyac.

 

Esta decisión se fundamenta en la necesidad de restaurar el equilibrio ecológico y mejorar la calidad del agua, que ha sido gravemente afectada por el vertido de aguas residuales y otros contaminantes23.

 

A pesar de esta orden judicial, se ha reportado una falta de acción efectiva por parte de las autoridades.

 

Activistas y representantes legales han señalado que muchas iniciativas han sido meramente simbólicas, sin resultados concretos en la mejora del estado de los ríos.

 

La evasión del cumplimiento de la sentencia ha generado preocupación entre la ciudadanía, que ha observado un aumento en la contaminación.

 

Para abordar este problema, se ha establecido una Comisión para el Saneamiento de los Ríos Atoyac y Salado, que busca unificar esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno.

 

Esta comisión tiene como objetivo coordinar acciones para la conservación y restauración de estos afluentes, así como implementar programas educativos sobre el cuidado del medio ambiente.

 

La instalación de esta comisión fue un paso significativo, pero su efectividad dependerá de la asignación adecuada de recursos y del compromiso real por parte de las autoridades involucradas.

 

El gobernador Salomón Jara Cruz lidera este esfuerzo, pero se ha advertido que hasta ahora las inversiones han sido insuficientes para cumplir con las exigencias judiciales.

 

A pesar de las iniciativas recientes, persisten desafíos significativos. La falta de presupuesto adecuado y el incumplimiento sistemático por parte de las autoridades han llevado a cuestionar la seriedad del compromiso gubernamental con el saneamiento.

 

Por ejemplo, en 2022 solo se utilizaron 959 pesos del presupuesto destinado a acciones de restauración, lo que refleja una grave falta de atención al problema.

 

Además, estudios recientes indican que se descargan grandes volúmenes de aguas negras en estos ríos, lo que agrava aún más la situación3. Las autoridades han sido criticadas por su inacción y por no asignar recursos suficientes para cumplir con las sentencias judiciales.