Oaxaca.-Esta medida, adoptada el 18 de septiembre de 2024, fue respaldada por 124 países, mientras que 14 votaron en contra y 43 se abstuvieron. La resolución no es vinculante, pero tiene un importante peso político y moral en el contexto internacional.

 

Opinión Consultiva de la CIJ

La resolución se basa en una opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024, que declaró que la ocupación israelí es ilegal y que Israel tiene la obligación de finalizarla lo antes posible. La

 

CIJ también enfatizó que las leyes y políticas israelíes que discriminan a la población palestina constituyen violaciones del derecho internacional y del principio de no discriminación.

 

La resolución no solo exige el cese inmediato de la ocupación, sino que también:

Pide la devolución de tierras confiscadas a los palestinos.

Exige el retorno de los desplazados por asentamientos.

Insta a los Estados miembros a no reconocer las consecuencias territoriales, legales ni demográficas de la ocupación.

 

Recomienda detener las importaciones provenientes de asentamientos israelíes y cesar el suministro de armas a Israel si se sospecha que podrían ser usadas en los territorios ocupados.

 

Reacciones Internacionales

 

La resolución recibió un fuerte apoyo de países musulmanes y africanos, aunque también mostró divisiones dentro de Europa. Mientras algunos países como España y Francia votaron a favor, otros como Hungría y República Checa se opusieron, y varios europeos optaron por abstenerse.

 

Israel y Estados Unidos criticaron duramente la resolución. El embajador israelí ante la ONU describió el proceso como un "circo" que alimenta la violencia y socava las posibilidades de paz en la región.

 

La embajadora estadounidense argumentó que tales resoluciones unilaterales complican el camino hacia una solución negociada del conflicto.

 

Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, tienen un impacto significativo en el derecho internacional y pueden influir en las políticas de los Estados miembros.

 

La comunidad internacional está ahora bajo presión para actuar conforme a esta resolución, lo que podría incluir sanciones económicas o restricciones comerciales hacia Israel si este no cumple con lo exigido.