Oaxaca .-Esta medida, que busca combatir la creciente obesidad infantil, se implementará en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidades. La prohibición incluye alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y altos niveles de azúcar, grasa y sodio.

 

El secretario de Educación, Mario Delgado, enfatizó que esta decisión responde a una emergencia epidemiológica en México, donde el sobrepeso y la obesidad infantil han aumentado un 120% en las últimas tres décadas. Se estima que para 2030, siete millones de niños y jóvenes podrían estar afectados por el exceso de peso, con un alto riesgo de desarrollar diabetes. Delgado también criticó a la industria alimentaria por su publicidad dirigida a los niños, lo que ha contribuido a este problema de salud pública. La SEP tiene la autoridad legal para regular la venta de estos productos en las escuelas bajo la Ley General de Educación. Los nuevos lineamientos, que serán detallados en una próxima conferencia, prohíben no solo la venta de comida chatarra, sino también su publicidad en el entorno escolar. Se espera que las escuelas ofrezcan alimentos más saludables y nutritivos, priorizando ingredientes naturales o mínimamente procesados Algunos ejemplos de alimentos que quedarán prohibidos incluyen:

• Frituras
• Galletas
• Bebidas azucaradas
• Dulces
• Productos con etiquetado frontal que adviertan sobre su contenido poco saludable

Además, se fomentará el consumo de agua natural y se establecerán estándares mínimos de inocuidad alimentaria en los establecimientos que proporcionen alimentos La medida ha generado reacciones mixtas. Mientras que organizaciones como la Alianza por la Salud Alimentaria han aplaudido la decisión como un paso hacia el bienestar infantil, algunos empresarios y comerciantes han expresado preocupaciones sobre el impacto económico que tendrá esta prohibición en sus negocios. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ha advertido que prohibir productos sin ofrecer alternativas adecuadas podría tener efectos contraproducentes. La implementación efectiva de estas regulaciones será crucial para su éxito. Las escuelas tendrán un plazo de 180 días para adaptarse a las nuevas disposiciones una vez publicadas oficialmente en el Diario Oficial de la Federación.