Oaxaca.- En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hace un llamado a las autoridades recientemente electas, de los tres niveles de gobierno, a adoptar una agenda para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como atender las recomendaciones que los órganos internacionales han formulado sobre este tema. Las víctimas demandan acciones puntuales y éstas no pueden posponerse.
La Ley General, adoptada en 2017, ha sido reconocida como un marco legal de avanzada. Además de incluir el tipo penal de tortura y otras medidas directas para la protección frente a esta grave violación a los derechos humanos, la Ley General prevé la obligación de emitir una serie de instrumentos para alcanzar el objetivo de erradicar una conducta inadmisible que transgrede severamente la dignidad humana.
Sin embargo, a siete años de la adopción de la Ley General, aún hay pendientes importantes en cuanto a su cumplimiento. El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no ha sido adoptado. La Estrategia Nacional contra la Tortura emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, siendo un esfuerzo loable, no suple la obligación de adoptar una política pública que establezca las bases para combatir la tortura a nivel nacional. Si fuera necesario hacer una adecuación al ordenamiento legal vigente para materializar la expedición del Programa, la ONU-DH estaría dispuesta a acompañar dicho proceso.
Los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes. Muy pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura, falta consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito. Además, es necesario que las fiscalías del país adopten planes de persecución penal contra este delito.
Asimismo, la ONU-DH también recuerda que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas de tortura. La Ley General prevé la adopción de programas de rehabilitación de víctimas de tortura, mismos que no han sido adoptados ni por la Federación ni por las entidades federativas. Como consecuencia, las comisiones de víctimas y otras instancias responsables carecen de todas las herramientas para abordar la complejidad de la tortura y brindar una debida atención y reparación a las víctimas.
Para la ONU-DH, el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas representa una oportunidad crucial para velar por los derechos de las víctimas, garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal y promover las reformas legales, programas y demás instrumentos necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley General y de los estándares internacionales sobre la materia. Adoptar estas medidas sería de gran valía para las víctimas y contribuiría a que México cuente con mejores herramientas de cara a la revisión que realizará el Comité contra la Tortura de la ONU sobre la base del octavo informe periódico a ser presentado.
Estas acciones —sumadas a los crecientes esfuerzos desplegados desde el Poder Judicial Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, la CONAVIM y el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, así como las organizaciones de la sociedad civil— contribuirían a desterrar definitivamente una práctica que, además de lesionar a las víctimas, socava la confianza pública.
La ONU-DH reitera su plena disposición para seguir brindando su asistencia y cooperación técnica al Estado mexicano, y refrenda su compromiso de acompañar a las personas sobrevivientes de tortura en sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación.
