- La auditoría interna más reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha revelado un manejo discrecional y poco transparente de los fideicomisos, así como gastos significativos en diversas áreas.
Oaxaca.-Esta revisión, conocida como DED-2024-04, se llevó a cabo por el Órgano Interno de Control durante el primer semestre de 2024.
La SCJN mantiene seis fideicomisos que totalizan aproximadamente 6,985 millones de pesos. Además, el Consejo de la Judicatura tiene otros 9,765 millones de pesos en cuatro fideicomisos adicionales, y el Tribunal Electoral cuenta con 17.7 millones de pesos en otro fideicomiso.
Un aspecto destacado es el fideicomiso 80689, que se utiliza para el "Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD’s y Otros Proyectos".
En 2023, este fideicomiso reportó un gasto de 186 millones de pesos para un servicio relacionado con la seguridad física.
La auditoría señala que este gasto no fue debidamente transparentado en el Diario Oficial de la Federación, lo que generó inconsistencias administrativas.
La auditoría también encontró que el fideicomiso destinado a pensiones complementarias carece de mecanismos adecuados para otorgar y autorizar beneficios, lo que plantea preocupaciones sobre su gestión1.
Un informe adicional indica que la Auditoría Superior de la Federación revisó un total de 437 millones 328 mil pesos en gastos diversos, incluyendo seguros y viajes.
Este informe sugiere que hay oportunidades para ajustar gastos superfluos que podrían superar los 2 mil millones de pesos.
Hasta junio de 2024, la SCJN había registrado un presupuesto pagado que asciende a 2,153 millones de pesos, lo que refleja una considerable carga financiera sobre el presupuesto judicial.
Los hallazgos de esta auditoría subrayan la necesidad urgente de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo financiero dentro de la SCJN.
La identificación de gastos no justificados y la falta de mecanismos adecuados para gestionar los fideicomisos sugieren un posible mal uso de recursos públicos.
Esto podría tener repercusiones significativas en la percepción pública del sistema judicial y en su integridad institucional.
