- Antonio M. G., quien se autodenominaba líder de los comuneros disidentes en la región, ha sido detenido por la Policía Federal Ministerial (PFM) bajo acusaciones de falsificación de documentos oficiales y uso indebido de firmas de funcionarios federales.
Oaxaca.-La captura se realizó el sábado a las 5:40 p.m. en el Crucero de Pochutla, un punto donde se cruzan las carreteras federales 200 y 175.
La detención fue resultado de una orden emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), que había solicitado su arresto por los delitos mencionados. Tras ser informado de sus derechos, Antonio M. G. fue llevado a las instalaciones de la FGR en Bahías de Huatulco, donde quedó a disposición de un juez federal, quien decidió enviarlo a prisión preventiva en un centro penitenciario federal.
La denuncia que llevó a su arresto fue presentada por la Procuraduría Agraria, que lo acusa de haber falsificado firmas de funcionarios federales y sellos oficiales en un acta de Asamblea, la cual fue presentada en octubre de 2022 ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
En este documento, M. G. intentó establecer un comisariado alterno falso en la comunidad de Santa María Tonameca, nombrándose a sí mismo como presidente para obtener beneficios personales.
La falsificación de documentos oficiales y la alteración de firmas de servidores públicos son considerados delitos graves en el país, con penas que pueden variar entre 3 y 12 años de prisión, además de multas económicas.
En este caso específico, la falsificación de firmas federales podría acarrear penas de entre 3 y 9 años de prisión, con la posibilidad de agravantes si se demuestra que se buscaba un beneficio ilícito o se causó daño a alguna dependencia pública.
- Este caso resalta la importancia de la integridad en la documentación oficial y la necesidad de proteger los procesos agrarios de prácticas fraudulentas que pueden afectar a las comunidades y a la administración pública. La acción de la FGR y la Procuraduría Agraria subraya el compromiso de las autoridades por combatir la corrupción y garantizar la legalidad en los procedimientos agrarios.
