Grupo Elektra, parte del conglomerado Grupo Salinas, enfrenta un adeudo significativo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, que asciende a 33,406 millones de pesos.
Oaxaca.-La Segunda Sala de la Corte ha programado para los días 2 y 9 de octubre la revisión de los amparos interpuestos por Elektra en contra de las sentencias emitidas en junio, las cuales ratificaron la legalidad de los créditos impuestos por el SAT durante la administración anterior.
Según fuentes del ámbito judicial, los proyectos elaborados por los Ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán tienen como resultado el rechazo de los recursos presentados por Elektra, lo que podría tener implicaciones significativas para la empresa.
Para que estos proyectos sean aprobados, se requerirán al menos tres votos a favor, lo que obligaría a Elektra a cumplir con el pago correspondiente al SAT.
Aunque la empresa tiene la opción de negociar un plan de pago que le permita liquidar la deuda en un plazo de 36 meses, deberá realizar un pago inicial del 20 por ciento del monto total de la deuda.
Este monto proviene de un expediente que ha estado en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la presidenta del tribunal, Norma Piña, ha aceptado tramitar el caso, aunque ha mantenido otros asuntos relacionados con la deuda en "congeladora" por varios meses.
El adeudo total del Grupo Salinas ante el SAT supera los 63 mil millones de pesos, una cifra que incluye diversas auditorías fiscales y créditos fiscales acumulados desde 2008.
De esta cantidad, aproximadamente 24 mil millones de pesos corresponden a un juicio específico que el SAT ganó recientemente, relacionado con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales entre 2008 y 2012.
La deuda de 33,406 millones de pesos es particularmente relevante porque representa una parte significativa del total que el fisco mexicano reclama a Elektra.
Este monto se deriva de la utilización del régimen de consolidación fiscal por parte de la empresa, que le permitió compensar pérdidas y ganancias en sus reportes fiscales.
Elektra ha intentado impugnar estas resoluciones a través de amparos, pero hasta ahora ha perdido en varias instancias judiciales. La última decisión del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo solicitado por Elektra, lo que significa que la empresa está obligada a cumplir con el pago del adeudo.
El impacto financiero para Grupo Elektra podría ser considerable si se confirma la obligación de pago.
Los analistas sugieren que aunque la empresa tiene capacidad para manejar este golpe financiero sin comprometer significativamente sus operaciones, el pago podría afectar su flujo de caja a corto plazo.