- La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir a trámite una consulta sobre la reforma judicial ha generado un amplio debate entre expertos y políticos.
Oaxaca.-Este movimiento no detiene la implementación de la reforma, que incluye cambios significativos en la estructura del Poder Judicial, como la elección popular de jueces y magistrados, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la independencia judicial.
La reforma, aprobada el 11 de septiembre de 2024, es considerada una de las más profundas desde 1994. Su objetivo es transformar el sistema judicial mexicano, pero ha sido criticada por varios expertos que advierten sobre los riesgos que implica. La propuesta incluye:
- Elección popular de jueces y magistrados: Esto podría comprometer la independencia judicial al hacer que los jueces respondan a intereses electorales en lugar de a la ley.
- Politización del proceso judicial: Expertos como Mónica Bichara y Jorge Mesa han señalado que esta reforma podría desmantelar los avances en la independencia judicial y llevar a una mayor politización en la selección de jueces.
La SCJN admitió la consulta con ocho votos a favor y tres en contra, lo que significa que se evaluará si hay alguna violación a principios constitucionales por parte de esta reforma.
Sin embargo, esta admisión no implica que se detenga su implementación por parte del Senado o del Instituto Nacional Electoral (INE).
Rafael Estrada Michel, un experto legal, enfatiza que aunque se admita la consulta, no necesariamente resultará en la anulación de la reforma.
Las reacciones han sido variadas. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto de la decisión judicial, argumentando que "la transformación no la pueden parar ocho ministros" y defendiendo el respaldo legislativo que recibió su partido para aprobar la reforma.
Por otro lado, figuras dentro del partido Morena han calificado la decisión de la Corte como una provocación y un intento de socavar el proceso democrático16.
Los expertos coinciden en que este proceso es inédito y plantea preguntas sobre el futuro del sistema judicial en México.
Luis Tapia, un abogado especializado en derechos humanos, señala que no hay precedentes claros para controlar reformas constitucionales a través de este tipo de consultas.
Esto podría abrir un nuevo camino legal, pero también genera incertidumbre sobre su efectividad.
