- La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México ha reafirmado que la explotación del litio es un recurso exclusivo del Estado mexicano.
Oaxaca.-Esta determinación se basa en reformas legales y constitucionales que han sido implementadas para asegurar que el litio, un mineral estratégico para la producción de baterías y tecnologías limpias, sea administrado completamente por el gobierno.
En abril de 2022, se modificó la Ley Minera para declarar al litio como un mineral de utilidad pública y patrimonio nacional.
Este cambio establece que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio deben ser controlados por el Estado a través de un organismo público descentralizado conocido como "Litio para México" (LitioMx).
De acuerdo con el nuevo marco legal, no se otorgarán concesiones a particulares para la explotación de este mineral, lo que refuerza el control estatal sobre su manejo.
La SCJN ha respaldado esta legislación, enfatizando que el Estado tiene la responsabilidad exclusiva sobre la gestión del litio. Esto significa que cualquier actividad relacionada con este mineral debe alinearse con los intereses nacionales y no puede ser delegada a empresas privadas.
La reforma también busca proteger los recursos naturales del país frente a intereses económicos externos y asegurar que los beneficios derivados de la explotación del litio se utilicen en favor del pueblo mexicano.
A pesar de estas reformas, existen críticas sobre la efectividad y las verdaderas intenciones detrás de estas políticas.
Algunos analistas argumentan que, aunque el marco legal parece establecer un control estatal, en la práctica podría facilitar un modelo de extractivismo público-privado, donde las empresas privadas aún podrían jugar un papel significativo en la industria mediante asociaciones o contratos indirectos.
Esto ha generado preocupaciones sobre la posible continuidad de políticas neoliberales en el sector minero.
