La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha designado a los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), un organismo crucial para la selección de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo en las elecciones extraordinarias de 2025.
Esta decisión se enmarca dentro de la reciente reforma judicial que busca fortalecer la transparencia y la idoneidad en el sistema judicial mexicano.
Los miembros elegidos son:
- Mónica González Contró: Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con especialización en derechos humanos y experiencia como Abogada General de la misma universidad.
- Emma Meza Fonseca: Magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, con una carrera judicial que abarca desde 1997 y experiencia docente en varias instituciones, incluyendo la UNAM.
- Emilia Molina de la Puente: Magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, destacando su compromiso con los derechos humanos y la equidad de género en el sistema judicial.
- Wilfrido Castañón León: Magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Civil, con más de tres décadas de experiencia y cátedra en derecho procesal en diversas universidades.
- Luis Enrique Pereda Trejo: Académico y miembro del consejo directivo de la Barra Mexicana de Abogados, aportando una perspectiva académica al comité.
Este comité será responsable de evaluar y postular a los candidatos para los cargos judiciales, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos por la nueva legislación.
La selección se realizó tras un proceso complicado que incluyó múltiples rondas de votación debido a la necesidad de alcanzar una mayoría calificada
El Comité tiene como objetivo principal garantizar que los aspirantes a posiciones en el Poder Judicial sean idóneos. Esto incluye:
- Realizar entrevistas públicas a los candidatos seleccionados.
- Evaluar sus conocimientos técnicos y competencias necesarias para el desempeño de sus funciones.
La convocatoria para participar en este proceso se abrirá entre el 5 y el 24 de noviembre de 2024, con un enfoque en asegurar que los candidatos cumplan con altos estándares profesionales y éticos.
Este desarrollo es significativo no solo por su impacto inmediato en el sistema judicial, sino también por su potencial para influir en la percepción pública sobre la justicia en México.
