- Este 31 de octubre de 2024, las Cámaras de Diputados y Senadores de México declararon la validez de la reforma conocida como "supremacía constitucional".
Esta reforma, que fue aprobada previamente por al menos 23 legislaturas estatales, establece que las reformas a la Constitución no pueden ser impugnadas a través de amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad.
La reforma modifica el artículo 107 y añade un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Su objetivo es blindar las reformas constitucionales contra cualquier tipo de impugnación judicial.
La medida ha sido polémica, ya que se considera que otorga al Congreso un poder considerable sobre el sistema judicial, limitando el control que este último puede ejercer sobre las reformas legislativas.
La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 340 votos a favor y 133 en contra, y en el Senado con 85 votos a favor y 41 en contra.
La aprobación en las legislaturas estatales fue crucial, ya que se necesitaban al menos 17 votos para validar la reforma. Las legislaturas que apoyaron la reforma incluyeron a Baja California, Chiapas, Puebla, entre otras.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, realizaron las respectivas declaratorias de constitucionalidad.
La oposición, compuesta por partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, no asistió a la sesión donde se realizó la declaratoria.
Criticaron la rapidez con que se aprobó la reforma y señalaron que esta medida podría ser un abuso del poder legislativo para controlar el marco constitucional.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma, argumentando que no viola la Constitución y forma parte del estado de derecho en México. Sin embargo, sus críticos han calificado esta acción como una "reforma tóxica" que busca consolidar el poder del oficialismo.
La reforma entrará en vigor el 1 de noviembre de 2024, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Esto significa que cualquier juicio o recurso pendiente relacionado con su validez quedará sin efecto inmediatamente después de su promulgación.
