- El reciente despido de mil 344 trabajadores del Gobierno de Oaxaca ha generado un fuerte impacto en la administración estatal y ha llevado a la firma de un acuerdo entre el gobierno y el sindicato correspondiente.
Oaxaca.-Este despido fue aprobado por el Congreso local a iniciativa del gobernador Salomón Jara Cruz, quien argumentó que las plazas fueron otorgadas de manera irregular durante la administración anterior y que su eliminación es parte de una estrategia de austeridad para optimizar el uso de recursos públicos.
El gobernador Jara Cruz afirmó que los despidos son necesarios para corregir lo que consideró un "aumento desproporcionado" en la plantilla laboral, que generaba un déficit significativo en el presupuesto estatal, estimado en más de 2 mil millones de pesos.
Los empleados afectados han manifestado su descontento, argumentando que muchos tienen años de servicio y se enteraron de sus despidos a través de redes sociales.
Los trabajadores han exigido una revisión exhaustiva de sus expedientes laborales y han anunciado acciones legales para defender sus derechos.
En respuesta a la crisis generada por estos despidos, el gobierno y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STPEIDCEO) firmaron un acuerdo que establece:
Revisión de Casos: Se crearán mesas de recepción donde los trabajadores despedidos podrán presentar documentación para sustentar su situación laboral. Este proceso se llevará a cabo entre el 16 y el 27 de diciembre.
Compensación: El gobierno se comprometió a pagar salarios y prestaciones legales correspondientes a los trabajadores despedidos hasta que se complete la revisión.
Este acuerdo busca mitigar las tensiones generadas por los despidos masivos y ofrecer una vía para que los afectados puedan apelar sus casos, aunque algunos críticos advierten que este pacto podría no garantizar la reinstalación efectiva de todos los despedidos.
La situación continúa siendo tensa, con llamados a la unidad entre los trabajadores para exigir justicia y transparencia en la administración pública.
