- La reciente sentencia de 110 años de prisión contra dos indígenas tseltales, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, ha generado una fuerte controversia y repudio internacional.
Oaxaca.-Ambos fueron acusados de la desaparición forzada de 19 personas en Pantelhó, Chiapas, en julio de 2021, en un contexto de violencia entre el grupo de autodefensas "El Machete" y el grupo armado "Los Herrera".
Principales denuncias sobre el caso
Violaciones al debido proceso:
- Los detenidos no fueron informados de la orden de aprehensión y su arresto se realizó con lujo de violencia.
- No se les proporcionó un intérprete adecuado, violando sus derechos como miembros del pueblo indígena tseltal.
- Se reportaron irregularidades en el juicio, como pruebas insuficientes y testimonios que contradicen su participación en los hechos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que este caso refleja un patrón recurrente en Chiapas, donde personas indígenas son condenadas injustamente mediante la construcción de delitos falsos.
Más de 200 campesinos han sido asesinados en Pantelhó en las últimas dos décadas, según testimonios locales, lo que evidencia un entorno marcado por la violencia estructural.
Un total de 67 organizaciones y más de 200 personas han exigido la revisión del caso al Poder Judicial estatal y han presentado quejas ante organismos internacionales como la ONU y la CNDH.
Activistas y colectivos han denunciado que esta sentencia desproporcionada es un ejemplo más de la vulneración sistemática de los derechos humanos hacia comunidades indígenas en México.
Los firmantes del repudio solicitan garantías para un juicio justo que respete los derechos fundamentales de los acusados. También demandan medidas para investigar las irregularidades del proceso y abordar el contexto cultural y social que afecta a las comunidades indígenas. La Iglesia Católica ha respaldado estas demandas, denunciando la falta de pruebas suficientes y las violaciones al debido proceso.
Este caso pone en evidencia las profundas desigualdades y violaciones a los derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas en México, resaltando la necesidad urgente de reformas estructurales para garantizar justicia equitativa
