Oaxaca.-Este impuesto, aprobado como parte de las reformas a la Ley Federal de Derechos, busca aumentar los ingresos fiscales y equiparar los cargos migratorios aplicados a pasajeros que llegan por aire y por mar.

 

Sin embargo, la medida ha enfrentado críticas significativas por parte de asociaciones y empresas del sector turístico.

 

La Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) advirtió que este impuesto podría reducir la competitividad de los puertos mexicanos frente a otros destinos del Caribe, como Cozumel y Puerto Vallarta, que dependen en gran medida del turismo de cruceros.

 

También señaló que el aumento podría desalentar la inversión en infraestructura turística en México.

 

Empresas como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line han expresado su preocupación, indicando que podrían reconsiderar incluir puertos mexicanos en sus itinerarios, lo que afectaría directamente a las comunidades costeras que dependen económicamente del turismo.

 

Ante el rechazo generalizado, el gobierno mexicano decidió posponer la implementación del impuesto hasta julio de 2025 y otorgar un crédito fiscal del 100% para los pasajeros extranjeros durante los primeros seis meses del año.

 

Esto busca mitigar el impacto económico mientras se negocian posibles ajustes.

 

La FCCA criticó la falta de consulta previa con la industria antes de aprobar la legislación. Además, enfatizó que el cambio abrupto deja poco tiempo para que las empresas ajusten sus operaciones y notifiquen a los pasajeros sobre los costos adicionales.

 

Michele Paige, CEO de FCCA, destacó que esta medida podría dañar significativamente la economía local y los programas sociales vinculados al turismo.

 

El impuesto sigue siendo un tema controversial, con debates sobre su impacto en el turismo y la economía mexicana.

 

La FCCA busca un diálogo urgente con el gobierno para encontrar soluciones equilibradas que protejan tanto a las comunidades locales como al mercado turístico.

 

Mientras tanto, el retraso temporal ofrece una oportunidad para renegociar términos antes de que el impuesto entre en vigor definitivamente en julio de 2025.