San Andrés Montaña, un pueblo entre el cacicazgo y la impunidad

Jaime Olivera

Silacayoapan, Oax.- No solo el despojo, la venta de mujeres y el desplazamiento de 30 familias, sino el sometimiento que viven los habitantes de San Andrés Montaña, perteneciente al distrito de Silacayoapan en el corazón de la mixteca, representan la total violación a los derechos humanos ante la opresión de un cacicazgo que mantiene a sus pobladores viviendo como en el medievo, en pleno siglo XXI.

Violencia y miedo se respira en esa población, donde nadie se atreve a hablar, a levantar la voz por el temor de ser encarcelado o linchado por las autoridades de esa agencia municipal que obedecen a pies juntillas las órdenes del déspota del lugar.

A pesar de las diferentes denuncias que han interpuesto ciudadanos expulsados y desposeídos de sus casas y propiedades que los agentes municipales impuestos por Daniel Salazar Cruz se han apropiado y vendido ilegalmente, hasta el momento las autoridades estatales y federales han sido omisas para intervenir en la restitución de su patrimonio.

El cacique, es hijo del extinto Tata mandón, Marcelino Salazar Vásquez “Tata Lino”, quien hace décadas sentó sus reales en San Andrés Montaña por ser el único que sabía leer y tocaba el armonio en la iglesia, por lo que empezó a influir en las decisiones de la comunidad, imponiendo a los agentes y miembros del cabildo para utilizar la amenaza y castigo a los pobladores que se oponían.

Hoy, Salazar Cruz, lidera un feudo con una población analfabeta donde impone el sometimiento a una población que se encuentra aislada del mundo, impidiendo la entrada de todo forastero, incluso de la fuerza pública y argumentando que un pariente suyo ocupa un lugar importante en la política, goza de impunidad.

Señaladas son las denuncias contra este personaje, quien no solo media en la venta de mujeres jóvenes de la comunidad, sino inclusive a sus propias hijas, sino que además emplea a la iglesia para llamar a la población con repiques de campana cuando algún ciudadano debe ser castigado o expulsado de esa olvidada localidad.

Con una población de unos 200 habitantes, ha empleado a caracterizados y consejeros para desterrar a unas 30 familias y despojarlas de sus propiedades, a pesar del acuerdo de asamblea del 2 de marzo de 2022, sobre el servicio comunitario en el que se establece en el cuarto inciso que en caso de incumplimiento, la autoridad resguardará temporalmente el inmueble del sancionado para que ante la asamblea general pueda recuperar su predio.

No obstante, las decenas de personas que han sido expulsadas, algunas de manera violenta, y que hoy se encuentran en diferentes partes del país, no pueden reingresar a la comunidad por temor a ser detenidos o violentados por órdenes del referido cacique.

A los ciudadanos que son sancionados, se les impone la cárcel y debido a denuncias de maltrato, ha acudido personal de la Defensoría de Derechos Humanos para verificar, escondiendo a los detenidos en el cerro, por lo que han burlado a ombusdman con la ayuda de incondicionales que los alertan de esas visitas.  

Los afectados con el despojo de sus inmuebles que son vendidos a muy bajos precios, buscan regresar a su comunidad de origen, por lo que han solicitado a la Mesa de Paz del Gobierno estatal su mediación para recuperar su patrimonio por la vía del diálogo. 

Así, los pobladores y desplazados de San Andrés Montaña viven el vasallaje de intereses personales que mantienen a ese pueblo sumido entre la ignorancia, la sumisión, el abuso y la impunidad, muy lejos de la ley.