- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un catálogo de infracciones y reglas para la elección judicial de 2025, que se celebrará el 1 de junio.
Oaxaca.-Entre las disposiciones aprobadas, se establece que los candidatos tienen prohibido financiar encuestas o sondeos de opinión.
Esta medida busca garantizar la equidad en el proceso electoral y asegurar que la información proporcionada a la ciudadanía sea imparcial y veraz.
El presidente de la Comisión Temporal para la Elección Judicial, Jorge Montaño, explicó que cualquier candidato que incumpla esta normativa será sancionado.
Las sanciones incluirán la contabilización del beneficio obtenido por la encuesta como un gasto no permitido, lo que afectará la fiscalización de sus recursos de campaña.
Las instituciones públicas a cargo de programas sociales no podrán realizar eventos relacionados con esta elección.
Se prohíbe a los aspirantes y candidatos contratar espacios en medios para promoción y realizar actos de campaña antes del periodo establecido, entre otras restricciones.
Además, se ha delegado a la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE la responsabilidad de realizar encuestas oficiales durante el proceso electoral. Estas encuestas servirán para informar a la ciudadanía sobre las preferencias electorales sin favorecer a ningún candidato en particular.
Estas medidas se implementan en el contexto de la próxima elección judicial, programada para el 1 de junio de 2025, en la que se elegirán jueces, magistrados y ministros, con el objetivo de asegurar un proceso electoral transparente y equitativo.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha expresado su apoyo a estas iniciativas y ha enfatizado la importancia de cumplir con el calendario electoral establecido. Confía en que el proceso de selección de candidatos se reanudará de manera oportuna para cumplir con las fechas límite establecidas.
Con estas acciones, el INE busca garantizar que la elección judicial de 2025 se desarrolle bajo principios de equidad, transparencia e imparcialidad, asegurando que los candidatos y sus campañas se adhieran a las normativas establecidas para el correcto funcionamiento del proceso democrático.
Este proceso es el primero en México para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
